Tal como muchos especialistas habían pronosticado, el Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inconstitucional la ley que el Congreso emitió meses atrás para suspender el cobro de peajes durante el estado de emergencia por el coronavirus.

Como se recuerda, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley No. 31018, aprobada por insistencia por el Parlamento.

Para emitir este fallo, que se dio de manera unánime, los magistrados del TC consideraron que dicha normativa vulnera el artículo 62 de la Constitución, que consagra la libertad de contratar y establece que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de otra clase.

Argumentos. El TC señaló que la ley viola la libertad de contratar, al suspender el contenido contractual pactado por las partes relativo al cobro de peajes, pese a que los vehículos usan las carreteras concesionadas, y lo han hecho aún en los momentos más estrictos del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

“Por ende, la suspensión arriesga la sostenibilidad de la infraestructura, lo cual, a su vez, compromete la seguridad de los usuarios”, argumentaron los tribunos.

El magistrado Augusto Ferrero Costa, quien se encargó de la ponencia del caso, señaló que si el Estado interviniera en las relaciones contractuales modificando sus términos a través de disposiciones normativas de carácter general, la libertad contractual podría quedar disminuida o inclusive vaciada por completo de contenido.

Demanda millonaria. Sobre el tema, el constitucionalista Víctor García Toma explicó a Correo que tras el fallo, las empresas concesionarias tienen el derecho de demandar al Estado por los daños ocasionados. “Las concesionarias pedirían una millonaria indemnización y el Estado tendría que asumir los costos que no fueron recaudados mientras estuvo vigente la ley”, lamentó.

Señaló que la normativa del Congreso fue aprobada sin ningún sustento técnico y por puro populismo.