Jonathan Castro

Ante el anuncio del presidente Martín Vizcarra de presentar un proyecto de reforma constitucional que recorte su mandato y el de los legisladores y adelante las elecciones generales, voces críticas han señalado que esto generará un clima de inestabilidad por un tiempo indeterminado hasta que el Congreso decida el destino de este pedido.

¿Cuánto tiempo puede demorar y cuáles son los procedimientos en el Legislativo? Dos especialistas consultados señalan que el dictamen podría llegar al pleno en un corto plazo, si el Congreso tuviera voluntad política de hacerlo. Dependerá del camino que se elija a partir de que el Ejecutivo presente el documento.

En el escenario más rápido, el proyecto podría ser exonerado del debate en comisión para pasar directamente al pleno del Congreso. Para ello, el presidente del Legislativo tendría que emitir un acta virtual que sea firmada por portavoces de bancadas que representen al menos a los tres quintos del Congreso, es decir, 78 votos, explica el especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi.

Esto se podría dar por iniciativa de Pedro Olaechea o alguno de los voceros.Este escenario sería imposible si el vocero de Fuerza Popular, quien representa los 54 votos de su bancada, no está de acuerdo. El resto de bancadas suma 75 legisladores.

Si el Ejecutivo envía el proyecto con carácter de urgencia, el requisito de votos representados se reduce a la mayoría legal de los miembros del Congreso. En caso de que los voceros de Nuevo Perú, Frente Amplio y Bancada Liberal –las únicas que se han manifestado a favor del proyecto del Ejecutivo–, junto a la oficialista Peruanos por el Kambio, decidan proponer esta vía, solo representan 31 votos. Necesitarían encontrar aliados que quieran acelerar el trámite.

—Debate en Constitución—
En caso de que el proyecto se derive a una comisión, el tiempo es más incierto. Después de recibir el documento, la primera vicepresidencia, a cargo de la fujimorista Karina Beteta, tendrá que calificarlo y enviarlo a comisión. Al ser una reforma a la Carta Magna, tendría que enviarse al grupo de Constitución, al menos.

En este momento, las comisiones están desactivadas, pues está empezando un nuevo período legislativo. Regularmente, se terminan de formar y se elige al presidente de cada grupo entre el 8 y el 10 de agosto, señala el exoficial mayor del Congreso José Elice. Tratándose de un tema de urgencia, los plazos se podrían acortar.

Si el proyecto se presenta con carácter de urgencia, su revisión debería tener prioridad en la agenda de Constitución. Pero los antecedentes no lo garantizan: los 12 proyectos de reforma política ingresaron al Legislativo con esta modalidad, pero la entonces presidenta Rosa Bartra no agilizó su discusión, sino hasta después de que el Ejecutivo presentara la cuestión de confianza.

El debate en la comisión tiene una duración de 30 días. Sin embargo, este plazo rara vez se cumple y podría extenderse si se invita a especialistas a discutir la materia antes de que se tome la decisión de emitir un dictamen que vaya al pleno o archivar la propuesta.

Para Rospigliosi, tratándose de una materia que afecta directamente a los propios congresistas, es poco probable que le den un tratamiento rápido. Es más, nada impide al Congreso tramitar un pedido de vacancia contra Vizcarra en paralelo a la revisión del proyecto de reforma constitucional.

Si el Congreso decide vacar a Martín Vizcarra, la vicepresidenta Mercedes Araoz tendría que tomar la decisión de asumir la presidencia, tal como lo hizo Vizcarra tras la salida de Pedro Pablo Kuczynski, o renunciar.

—Probabilidades de aprobación—
Si el dictamen llega al pleno, hay pocas probabilidades de que sea aprobado por mayoría calificada (66 votos). El bloque de congresistas opositor al fujimorismo ha recibido dos derrotas consecutivas contundentes: perdieron en la votación por el retorno al Parlamento de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por tres votos, y en la elección del presidente del Legislativo por 29.

En el caso de que se logre su aprobación en el pleno, se tendría que convocar a referéndum en sesenta días. Pero el texto de modificación constitucional –que hasta ahora no se conoce– debería incluir textualmente la convocatoria a nuevas elecciones, explica Elice.

Solo así se podría sortear la otra dificultad presentada: en el 2017, se modificó la Ley Orgánica de Elecciones, al establecer que la convocatoria se debe hacer con 270 días (9 meses) de anticipación a las elecciones que se realizarían en abril del 2020 a fin de garantizar la transición el 28 de julio de ese año. La Constitución está por encima de cualquier ley aprobada.

En el mejor de los escenarios, el pleno podría tomar la decisión en agosto, y el referéndum se realizaría en octubre. Pero en el peor, la discusión podría extenderse bastante, y con ello postergar la consulta popular. A diferencia del proceso de reforma política, esta vez el Ejecutivo no ha señalado un plazo límite.

Rospigliosi advierte que esta situación ocurre en un momento en el que los entes electorales tienen liderazgos debilitados. La Fiscalía de la Nación abrió una investigación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, por sus conversaciones con el exjuez César Hinostroza, investigado por tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible.

Mientras, el Reniec y la ONPE tienen jefes encargados, a falta de una Junta Nacional de Justicia que haga los nombramientos correspondientes.