En tiempos de discusión sobre el contenido de una necesaria reforma política, se ha opinado en favor del parlamentarismo, es decir, que sea el Congreso el encargado de nombrar al titular del ejecutivo. Al poco tiempo, las críticas no tardaron en aparecer sosteniendo que resulta inviable, pues no lo permiten las disposiciones constitucionales. En teoría, una reforma constitucional integral a su parte orgánica podría favorecer el tránsito formal de una forma de gobierno a otra, pero no exenta de problemas prácticos.

El primer problema sería definir el nombramiento del jefe de estado, es decir, el Presidente de la República, que no proviene del sufragio popular sino de un procedimiento distinto que otorgue su legitimidad, ya sea por la elección de los gobernadores regionales o nombrado por un Senado, una reforma que exigiría volver al bicameralismo. En cualquier caso, las funciones del jefe de estado son representar a la nación, cumplir con un conjunto de actos debidos, regulados por la Constitución y las leyes, así como el deber de guardar una permanente neutralidad que, para nuestro personalismo y estilo populista, resulta un perfil difícil de garantizar para conservar el equilibrio y complementariedad del jefe de estado con el primer ministro.

El problema más difícil para cualquier forma de gobierno, yace en el funcionamiento de un sistema de partidos dimensionado, su fragmentación afecta la gobernabilidad. Por eso, el Presidencialismo estadounidense y el Gobierno de Gabinete británico, operan bajo un bipartismo que permite mayorías claras; a diferencia de España, por ejemplo, donde la reciente quiebra de la representación política en cuatro partidos, sin contar los nacionalismos Vasco y Catalán, por tercera vez dificultan la investidura del primer ministro. Por esas razones, el secreto de cualquier forma constitucional de gobierno es la firme voluntad de la clase política para hacerlo funcionar. Una suma de elementos de forma y fondo.