Navarro Miranda, José Ramón

 

I. CONCEPTO

No se recoge en nuestro Código Civil el concepto de negocio jurídico y, sin embargo, la doctrina científica lo considera una figura básica de la dogmática del Derecho privado. Ha sido definido como la declaración o acuerdo de voluntades con que los particulares se proponen conseguir un resultado (consistente en la adquisición, modificación o extinción de un derecho subjetivo), que el Derecho estima digno de su especial tutela, sea en base sólo a dicha declaración o acuerdo, sea completado con otros hechos o actos. Así, la declaración de voluntad se erige como el fundamento del negocio jurídico, englobando figuras como los contratos, testamentos, las renuncias de derechos, aceptación de herencias, etc.

Tradicionalmente se ha distinguido tres tipos de elementos en todo negocio jurídico:

  • 1) Elementos esenciales: son aquellos que de forma necesaria deben integrar el negocio jurídico para que se considere válido y eficaz. Estos elementos serían el consentimiento, la causa y el objeto, si bien algunos autores añaden la forma y otros no consideran como tales los dos últimos.
  • 2) Elementos naturales: son aquellos que la ley considera como parte del negocio, pero que el sujeto o las partes pueden excluir.
  • 3) Elementos accidentales: esto es, aquellos que por voluntad de los sujetos pueden incorporarse al negocio jurídico en concreto (la condición, el término y el modo).

 

II. CLASES

Se pueden realizar múltiples clasificaciones de los negocios jurídicos, según el criterio que se considere. Así, entre las más importantes, cabe destacar:

  • a) Negocios patrimoniales y negocios personales. Los primeros regulan las relaciones jurídicas de carácter económico (contratos, testamentos…). A su vez, pueden ser dispositivos, obligatorios o de administración. Frente a ellos, los negocios personales hacen referencia a relaciones jurídicas de naturaleza primordialmente extrapatrimonial y que afectan al estado civil de las personas (matrimonio, adquisición de nacionalidad…), sin perjuicio de que puedan existir negocios de índole familiar con contenido netamente patrimonial (como es el caso de la estipulación del régimen económico matrimonial).
  • b) Negocios unilaterales, bilaterales o plurilaterales, según el número de partes -no tanto de sujetos- que intervengan en el mismo. Así, será unilateral el negocio cuando la declaración de voluntad sea de una sola parte, como la renuncia de un derecho. A su vez, puede ser recepticio o no recepticio, según necesite o no para su eficacia que su existencia y contenido sea conocido por otra persona; este último es el caso del testamento, que se erige como negocio unilateral y no recepticio. El negocio bilateral es el que nace de la declaración de voluntad o comportamiento de dos partes, como es el supuesto del contrato. Los negocios plurilaterales se caracterizan porque son obra de tres o más partes (la creación de una sociedad).
  • c) Negocios inter vivos y negocios mortis causa. Son negocios mortis causa los que tienen por objeto regular las relaciones jurídicas de una persona para después de su fallecimiento (por ejemplo, el testamento). Éstos generalmente son unilaterales y, por tanto, revocables mientras no se produzca el fallecimiento de la persona que los crea. Los negocios inter vivos despliegan sus efectos sin esperar al fallecimiento de ninguno de sus sujetos.
  • d) Negocios formales (o solemnes) y no formales. Los primeros son aquellos que para producir los efectos que le son propios deben asumir una forma determinada, legalmente prescrita (por ejemplo, la donación de bienes inmuebles). Los no formales se perfeccionan y son eficaces al concurrir el consentimiento y demás elementos esenciales, cualquiera que sea la forma en la que se manifiesten.
  • e) Negocios típicos y negocios atípicos. Los negocios típicos tienen una especial regulación normativa en nuestro derecho (la compraventa, la permuta, la donación, el arrendamiento, etc), a diferencia de los atípicos, que se regirán por las normas generales de las obligaciones y contratos, así como por la voluntad de las partes.
  • f) Negocios gratuitos y negocios onerosos. En los primeros, también llamados lucrativos, uno de los sujetos obtiene un beneficio a consecuencia del negocio, sin asumir carga o contraprestación alguna (donación, préstamo). Frente a ellos, en los negocios onerosos la prestación de una parte encuentra su razón de ser en la contraprestación de la otra (arrendamiento).

 

III. EFICACIA DEL NEGOCIO JURÍDICO

Hay determinados supuestos en que el negocio jurídico no llega a producir los efectos a los que estaba dirigido o deja de producirlos en un determinado momento. Los supuestos de ineficacia negocial pueden integrarse en dos grandes grupos: La invalidez -que hace referencia a los supuestos en que existen circunstancias intrínsecas a cualquiera de sus elementos esenciales que son rechazadas por el ordenamiento jurídico, y comprende los supuestos de nulidad y anulabilidad-, y la ineficacia en sentido estricto -en que defectos extrínsecos al negocio jurídico conlleva su falta de efectos, como son los supuestos de mutuo disenso, desistimiento unilateral, resolución por incumplimiento, rescisión, etc.-.

 

1. Nulidad absoluta

La nulidad absoluta es el supuesto más grave de ineficacia; tiene lugar cuando el acto es contrario a las normas imperativas o prohibitivas o cuando no tiene existencia por carecer de alguno de sus elementos esenciales. La acción de nulidad es imprescriptible y puede ejercitarla cualquier persona interesada en deshacer el negocio jurídico nulo.

 

2. Anulabilidad

Un negocio jurídico anulable es aquel que reuniendo los requisitos esenciales y no contraviniendo ninguna norma imperativa, incurre en otros defectos. En estos supuestos la anulabilidad dependerá exclusivamente de que el titular del interés protegido ejercite la correspondiente acción. El contrato anulable puede ser confirmado. También es posible que la nulidad sea parcial, esto es, que afecte a determinados efectos. Las causas de anulabilidad, de menor gravedad que las de la nulidad, pueden concretarse en las siguientes: los vicios de la voluntad (error, violencia, intimidación y dolo), y en la inexistencia de plena capacidad de obrar en alguno de los sujetos del negocio (los menores no emancipados, las personas sometidas a tutela o curatela, etc.).

La acción de anulabilidad sólo dura cuatro años. Se trata de un plazo de caducidad y empezará a correr, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1300 y siguientes del Código Civil -dedicados específicamente a los contratos-: en los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas hubieren cesado; en los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato; cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los menores o incapacitados, desde que salieren de tutela; si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio, salvo que antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato.

Están legitimados para su ejercicio, conforme el artículo 1.303 del Código Civil, los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos. Las personas capaces no podrán, sin embargo, alegar la incapacidad de aquellos con quienes contrataron; ni los que causaron la intimidación o violencia, o emplearon el dolo o produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato.

Conforme a los referidos preceptos de dicho texto legal, declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, si bien cuando la nulidad proceda de la incapacidad de uno de los contratantes, no está obligado el incapaz a restituir sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiera y cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, dándose, además, a las cosas o precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el Código Penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta (esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito o falta de parte de uno de los contratantes; pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido).

Si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, se observarán las reglas siguientes: Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido. Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido.

Siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha.

Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de la declaración de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le incumba.

Por otro lado, conforme al artículo 1309 de Código Civil, la acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente. La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración (si bien sólo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos esenciales del negocio). La confirmación puede hacerse expresa o tácitamente y no necesita el concurso de aquel de los contratantes a quien no correspondiese ejercitar la acción de nulidad. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo ésta cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo.

Finalmente, el artículo 1314 del Código Civil establece que se extinguirá la acción de nulidad de los contratos cuando la cosa, objeto de éstos, se hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquélla. Si la causa de la acción fuere la incapacidad de alguno de los contratantes, la pérdida de la cosa no será obstáculo para que la acción prevalezca, a menos que hubiese ocurrido por dolo o culpa del reclamante después de haber adquirido la capacidad.

 

3. Rescisión

La rescisión es una forma particular de ineficacia del contrato que procede de un momento posterior a la celebración del mismo.Las causas de rescisión se pueden clasificar principalmente en dos grupos distintos:

  • 1. La rescisión por lesión, esto es, por el perjuicio patrimonial causado a uno de los sujetos del negocio; es el caso de los contratos que pudieran celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquellos, los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión en más de la cuarta parte del valor de la cosa, y no se haya celebrado el contrato con autorización judicial y la partición de la herencia, siempre que la lesión sea en más de la cuarta parte, atendiendo al valor de las cosas cuando fueran adjudicadas.
  • 2. La rescisión por fraude, es el caso de los contratos celebrados en fraude de acreedores cuando éstos no puedan cobrar de otro modo lo que se les deba (se presume fraude todas las enajenaciones gratuitas, y, en las onerosas, cuando el transmitente haya sido condenado o cuando se trate de bienes embargados judicialmente), los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad judicial competente, y los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos. El Código Civil exige tres requisitos para que sea posible la acción rescisoria: que el perjudicado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio, que el perjudicado pueda devolver aquello a que estuviera obligado y que las cosas objeto del contrato no se hallen legalmente en poder de terceras personas que hubieren procedido de buena fe, en tal caso la pretensión del lesionado o defraudado se limitará a reclamar la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.

El plazo para ejercer esta acción es el de cuatro años establecido para las acciones de anulabilidad. Este plazo comenzará a computar desde la celebración del negocio jurídico rescindible. Sin embargo, para las personas sujetas a tutela y para los ausentes, los cuatro años no comenzarán a contar hasta que haya cesado la incapacidad de los primeros, o sea conocido el domicilio de los segundos.


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