Procurador público, Luis Huerta, precisa en su demanda que la ley aprobada por el Congreso le costaría al Estado cerca de S/ 3 600 millones de soles. Asimismo, se sostiene que la ley sería inconstitucional debido a que vulnera la competencia del Ejecutivo respecto a la gestión de los recursos humanos en el sector público.

La Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, en representación del Poder Ejecutivo, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31131, ley que dispone la incorporación de los trabajadores del Estado bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 728 y N° 276.

Como recordaremos, mediante la Ley Nº 31131, el Congreso de la República dispuso la incorporación de los trabajadores que desarrollan labores permanentes contratados bajo Régimen CAS, al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Asimismo, para el caso de las entidades públicas, cuyo régimen laboral es exclusivamente el del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, la citada incorporación se hace respecto a este régimen.

Frente a ello, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional presentó, este lunes 10 de mayo, una demanda que afirma que la referida ley es contraria a la Constitución, dado que vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de la Hacienda Pública y gestión de los recursos humanos en el sector público.

Asimismo, en su demanda, la Procuraduría advierte en su demanda que el número de trabajadores CAS en el Estado asciende a 286 mil personas y que la aplicación de esta ley implicaría un costo de S/ 3 600 millones de soles.

“La Ley N° 31131 fue emitida al margen de la interacción que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir normas que tienen impacto en la economía del país y en la implementación del nuevo régimen del servicio civil”, precisó el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero.