Isabel Sepúlveda

Los datos personales son, hoy en día, la información que más procuran tener los gobiernos, las redes sociales, las empresas de todo tipo, sobre todo en el área relacionada con el marketing, las redes sociales y de venta por internet, las bancarias y, por supuesto, el crimen organizado.

Un dato personal, de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, es toda aquella información que permita identificar a una persona, ya sea numérica, alfabética, fotográfica, acústica, de cualquier otro tipo incluida y, ahora, con las tecnologías de la información, la biométrica. Esta última, mide y analiza las características del cuerpo humano, como el ADN, las huellas dactilares, la retina y el iris de los ojos, los patrones faciales, de la voz, las medidas de las manos y hasta la forma de caminar.

La diferencia entre el primer tipo de datos y los biométricos, es que aquellos pueden cambiar y los segundos no, por ser inherentes a la persona, lo cual los hace mucho más delicados y su protección, aún más indispensable.

Los usos de esta información son múltiples: en el caso de los gobiernos, para conocer y tener mayor control y vigilancia sobre la población; para las empresas, contar con perfiles más definidos de clientes, actuales y probables; y para las organizaciones criminales, la capacidad de cometer delitos con más facilidad e impunidad.

El lado positivo de contar con estos datos personales es, para los gobiernos, poder dar mejores servicios de seguridad, salud, educación e infraestructura. Con respecto a las empresas es tener la capacidad de crear mejores productos y reducir costos, al no tener tantos casos de prueba-error. Y los sistemas bancario y comercial están obligados por ley a proporcionar datos y movimientos financieros de clientes a Hacienda y a entidades de gobierno especializadas en el combate al lavado de dinero y delincuencia organizada.

El lado negativo es cuando se usan estos datos para violar la privacidad. Cuando las empresas acosan con llamadas y mensajes ofreciendo productos no solicitados. Cuando los gobiernos hacen un uso ilegal del enorme acervo de datos privados que el ciudadano está obligado a dar. Y lo peor, cuando son utilizados por el crimen organizado para suplantar identidades, extorsionar o cometer cualquier tipo de delito en contra de las personas y sus bienes.

Los ciudadanos tenemos el deber de proporcionar nuestros datos requeridos por ley y el gobierno tiene la obligación de hacer buen uso de ellos, de sancionar a funcionarios y a empresas de todo tipo si no cumplen con las leyes, federal y estatales, de Protección de Datos Personales.

Los organismos públicos autónomos encargados de vigilar las leyes correspondientes son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como los correspondientes institutos estatales.

Desafortunadamente, el tráfico ilegal de las bases de datos se ha convertido en una peligrosa “normalidad”. Vemos, y pocas veces leemos, los avisos de privacidad que todos los documentos oficiales y comerciales están obligados a contener. Sin embargo poco se respetan. En la práctica, la venta de listas de clientes con todos sus datos es muy frecuente. Quienes lo hacen saben que están cometiendo una grave infracción a la ley, por eso lo hacen discretamente, pero también tienen la certeza de que es mínima la probabilidad de ser investigados y castigados.

Las autoridades deben regular con urgencia la facilidad con la que se piden datos personales cuando se ingresa a fraccionamientos privados o edificios públicos. Cada vez se piden más requisitos al hacer pagos o transferencias en efectivo en tiendas de conveniencia, sin que haya algún documento visible que informe a los usuarios cuál dato personal está obligado o no a proporcionar. En ambos casos no hay transparencia en la supervisión, ni quién se haga responsable del mal uso de los datos. Esta situación facilita la suplantación de identidad.

La protección de datos personales es un derecho humano fundamental. La Ley de Protección de Datos Personales prohíbe transferir información a cualquier instancia o persona sin la autorización expresa de los dueños de dichos datos. El estricto respeto y cumplimiento de esta ley es factor fundamental para llegar a ser el país seguro que anhelamos.


Fuente: CE Noticias Financieras