Paul Neil Herrera Guerra

La elaboración y posterior difusión de una nota de prensa informando la presunta responsabilidad penal de personas investigadas por un supuesto hecho lesiona el principio constitucional a la presunción de inocencia.

Esta conducta también vulnera el principio de dignidad humana y el derecho al honor de los investigados, aunque de manera voluntaria reconozcan haber cometido un acto, pues este en forma alguna demuestra la existencia de un hecho ilícito comprobado y penalmente reprochable, que permita afirmar la existencia de responsabilidades penales mediante notas informativas, sin previo proceso y sentencia condenatoria.

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial recaído de la STC N° 02570-2018-PA/TC emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que delinea una nueva pauta sobre la vulneración de la presunción de inocencia al declarar fundada e improcedente en un extremo una demanda presentada para que se ordene la rectificación por medio de una nota de prensa aclaratoria respecto de una información difundida.

Fundamento

El TC advierte que el derecho a la rectificación se encuentra reconocido en el artículo 2 de la Constitución, el cual preceptúa que toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que este se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

Así, considera que toda persona afectada en su honor y buena reputación, mediante información propagada por un medio de comunicación social, tiene derecho a que ella sea rectificada. Esta ha de recaer sobre hechos no veraces o agravios que hayan sido difundidos; y como tal, comporta la obligación del sujeto pasivo del derecho de eliminar hechos noticiosos no veraces o de corregir las imperfecciones, errores o defectos en que incurra su difusión.

En ese sentido, deja en claro que la obligación de rectificar informaciones inexactas o agraviantes al honor o a la buena reputación difundidas por cualquier medio de comunicación social tiene por finalidad, a la par de contribuir con una correcta formación de la opinión pública libre, corregir información sobre hechos inexactos que hayan sido propalados mediante el ejercicio de la libertad de información.

Esto es, información cuyo carácter material permita determinar que no son veraces o que se formularon como consecuencia de no observarse una conducta razonablemente diligente para agenciarse de los hechos noticiosos que podrían ser objeto de información, precisa.

Por ello, el TC en la STC Nº 03362-2004-PA/TC fijó con carácter de precedente que para que un medio de comunicación tenga la obligación de corregir un hecho noticioso no veraz es preciso que se presenten, simultáneamente, dos supuestos: i) que se trate de información inexacta; y, II) que esta agravie al recurrente.

El colegiado también advierte que, en concordancia con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el inciso 24, del artículo 2 de la Constitución, establece que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

De esa manera, afirma, el constituyente reconoce la presunción de inocencia como un derecho esencial, cuyo fundamento se encuentra en el principio-derecho de dignidad humana, así como en el principio pro homine.

Además, considera que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tantum, implica que a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario, lo cual rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso hasta que se expida la sentencia definitiva, detalla.

En el caso materia del Expediente N° 02570-2018-PA/TC, el TC deduce que la nota cuestionada fue emitida por los emplazados y que tanto su elaboración como su difusión se efectuó durante el inicio de una investigación policial sobre un presunto hecho. En esta etapa prima el principio de presunción de inocencia, dado que aún no ha habido una determinación judicial de la responsabilidad penal.

Así, el TC determina que ello no implica que en dicha etapa se pueda atribuir, con cierta probabilidad o certeza, responsabilidades penales a los investigados, pues esa determinación es una competencia exclusiva y excluyente del PJ mediante los órganos jurisdiccionales competentes.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

En su fundamento de voto, el magistrado Manuel Miranda Canales advierte que, en buena cuenta, el derecho a la presunción de inocencia en su regla de tratamiento garantiza, por una parte, la prohibición de exhibir a quien cuya responsabilidad penal no ha sido determinada mediante sentencia firme y, por otra, importa que cualquier autoridad o funcionario sea prudente al brindar información respecto de su situación jurídica. Toma en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Caso Acosta y otros, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 190] señala que el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite su responsabilidad penal, conforme a la ley. Por ello, este derecho puede ser violado tanto por los jueces a cargo del proceso como por otras autoridades, por lo cual estas deben ser discretas y prudentes al hacer declaraciones públicas sobre un proceso penal, antes de que la persona haya sido juzgada y condenada, precisa.