Los inspectores de trabajo deben fijar de manera expresa que el empleador inspeccionado utilice una cuenta con un dominio determinado para evitar los incumplimientos.

Para el envío de información, mediante el uso de correos electrónicos, los inspectores de trabajo deben establecer de manera expresa que el empleador inspeccionado utilice una cuenta con un dominio determinado, a fin de evitar el incumplimiento de los requerimientos de información.


Editor
Paul Herrera Guerra

Periodista

pherrera@editoraperu.com.pe


Corresponde entonces al inspector de trabajo tomar esta precaución, ya que, ante la falta de esta precisión, los administrados podrían emplear cuentas con distintos dominios, lo que puede generar que los correos enviados al inspector del caso no lleguen.

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial administrativo que se desprende de la Resolución N° 297-2021-Sunafil/TFL-Primera Sala emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) que al declarar fundado un recurso de revisión interpuesto por una empresa inspeccionada define un criterio sobre el requerimiento de información virtual por inspectores de trabajo, advierte el equipo de inspecciones de Vinatea & Toyama en su reciente boletín electrónico.

Fundamento

Conforme al numeral 46.3 del artículo 46° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (RLGIT), constituye infracción muy grave a la labor inspectiva la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, inspectores de trabajo o inspectores auxiliares, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones.

En tanto, el numeral 1.4. del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) relativo al principio de razonabilidad señala que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o fijen restricciones a los administrados, deben adaptarse a los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios por emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, advierte el Tribunal de la Sunafil.

Además, considera que el numeral 1.7. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, sobre la presunción de veracidad señala que, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Así, el Tribunal de la Sunafil determina que ambos principios están vinculados en el hecho de que el administrado actúa en observancia de las normas, y que todos los documentos y declaraciones que presente en un procedimiento se presumen verdaderos, salvo prueba en contrario, por lo que deben ser merituados proporcionalmente entre los medios por emplear y los fines que debe tutelar.

Aunado a ello, precisa también que en caso la documentación presentada no satisfaga la presunción de licitud y veracidad, se podrá adoptar las acciones correspondientes, al amparo de la Ley General de Inspección del Trabajo – Ley N° 28806 (LGIT), debiendo para este efecto motivar con hechos y pruebas la decisión.

Decisión

En este caso, una empresa inspeccionada fue sancionada con multa por no cumplir oportunamente con la remisión virtual de información y documentación solicitada por la autoridad inspectiva de trabajo, ante lo cual interpuso recurso de apelación.

La medida impugnatoria fue declarada infundada, por lo que la empresa sancionada interpuso recurso de revisión.

Al tomar conocimiento del caso, el Tribunal de la Sunafil constata que la empresa inspeccionada e impugnante sí cumplió con el requerimiento y a tono con el principio de presunción de veracidad colige que los documentos solicitados al administrado inspeccionado fueron presentados de manera oportuna.

En tal sentido, determina que corresponde tener en cuenta en el procedimiento sancionador el principio de verdad material, que faculta a la autoridad competente verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual tiene que adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

A la par, de la revisión del requerimiento de información a la empresa impugnante, el Tribunal de la Sunafil advierte que solo se le indicó de manera expresa que remita los documentos a un correo electrónico institucional de un funcionario de la entidad supervisora, sin señalar la plataforma virtual que debía utilizar, tan solo con la especificación de que podrían ser documentos con extensión de PDF, TXT, entre otros.

A su vez, constata que en la resolución impugnada se admite que los correos cursados por la empresa impugnante provienen de un dominio de ordenador diferente al de la Sunafil, el cual utiliza el servicio de correo electrónico de gmail, teniendo en “ (…) cuenta que tanto RoundCube como Gmail son herramientas de gestión de correos; pudiendo por ello no haber llegado los correos remitidos por la inspeccionada”.

A tono con esta precisión, el colegiado determina que, para el uso de correos electrónicos, se debió fijar de manera expresa el uso la cuenta de Gmail, a fin de evitar el incumplimiento de los requerimientos que se solicitaron en la fecha en que ocurrieron los hechos materia de infracción. Esto porque en el procedimiento inspectivo se debieron tomar todas las acciones preventivas para el cumplimiento de la información solicitada, máxime aún, si de ello se infringen normas que regulan la labor inspectiva, en atención a los principios ordenadores que rigen el sistema de inspección del trabajo, precisa.

Al respecto, el tribunal administrativo colige que la medida de requerimiento de información debió ser expresa respecto al uso de los medios electrónicos, por lo que acoge el recurso de revisión interpuesto y lo declara fundado.

Revisión

El artículo 49° de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

Este reglamento define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia precisando de manera expresa que solo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14° de esta norma. Esto es la inaplicación, así como la aplicación o la interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de la Sunafil.