Un proyecto de reforma del Código Procesal Civil presentará el Poder Ejecutivo ante el nuevo Congreso de la República, que buscará, entre otros, dar sustento de legalidad a la incorporación de la oralidad en el sistema de administración de justicia en el país.

Así lo adelantó el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero, quien precisó que la iniciativa incluirá una serie de iniciativas como el sistema de oralidad civil, que se implementa en varios distritos judiciales del país.

“Sabemos que los jueces, por necesidad de servicio, implementan el Sistema de Oralidad, pero, obviamente, hay que apuntalar esos esfuerzos, darle un mayor sustento de legalidad que estará contenido en el Nuevo Código Procesal Civil”, anotó.

Delegación de facultades

Explicó que aún está por definir si las iniciativas se presentarán por medio de un proyecto de ley o por una solicitud de delegación de facultades, que sería la medida más factible.

En otro momento, precisó que el proyecto de reforma del Código Procesal Civil incluye, además del sistema de la oralidad, la implementación del expediente judicial electrónico (EJE), tanto en los procesos no penales como penales, entre otros aspectos.

“El nuevo código masificará el uso de tecnología, la oralidad y la interoperabilidad, con un impacto positivo en la formación del juez, que no esperará el escrito para que sea proveído”, señaló.

Castañeda Portocarrero sostuvo, además, que bajo este esquema los magistrados tendrán un papel más activo, el que implica el desarrollo de un conjunto de habilidades.

Agregó que el sistema de interoperabilidad beneficia a los abogados, que podrán conectarse desde su despacho al juzgado para revisar un expediente, lo que significa ahorro de tiempo y dinero.

La iniciativa, de ese modo, apostará por la oralidad como el esquema o el modelo procedimental más adecuado para la realización de los derechos fundamentales del proceso.

Por último, señaló que el sector Justicia está a cargo de la Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que entre sus funciones figura hacer seguimiento de los proyectos presentados.

Empresas y DD. HH.

El sector Justicia decidió impulsar el debate en las regiones para elaborar el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene como base el Plan Nacional de Derechos Humanos al 2021.

Se trata de un instrumento estratégico multisectorial de políticas públicas que expresa la voluntad y el compromiso del Estado de proteger los derechos humanos y forjar vínculos con las empresas para adecuar su actividad a los estándares contemplados en los principios rectores de las NN. UU. sobre la materia.

Reformas 

El proyecto de reforma del Código Procesal Civil recogería los desarrollos jurisprudenciales, los aportes de la doctrina y del derecho comparado.