El Consejo Fiscal (CF) reiteró este sábado su preocupación por una nueva incorporación de recursos en el presupuesto del sector público (S/ 2,900 millones) en un decreto de urgencia del Ejecutivo.

A través de un comunicad, el CF consideró ello como una mala práctica, en tanto no concuerda con la institucionalidad fiscal vigente y resta transparencia al manejo de la política fiscal.

En ese sentido, recomendó que en el futuro este tipo de modificaciones presupuestales se tramiten mediante la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República, como establece el Art. 80 de la Constitución Política del Perú.

El Gobierno esta semana, mediante el Decreto de Urgencia N° 100-2021 (DU 100- 2021), autorizó la incorporación de S/ 2,900 millones en la reserva de contingencia, con cargo a la mayor recaudación de ingresos tributarios que se estima obtener en el presente año.

Estos recursos, que se destinarían a financiar mayor gasto para contribuir con la reactivación económica, se suman a los recursos incorporados mediante el DU 086-2021 (también por S/ 2,900 millones).

Respecto de la legalidad de los mencionados decretos de urgencia, el CF indicó que corresponde al Congreso de la República determinar si los mismos cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para la dación de este tipo de normas.

Sin perjuicio de lo anterior, el CF considera que la urgencia de realizar estas incorporaciones de recursos en el presupuesto no estaría del todo justificada”, subrayó.

Agregó que, según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 25 de octubre de 2021 (un mes y nueve días después de publicado el DU 086-2021), se habían autorizado transferencias de partidas con cargo a los recursos autorizados por tan solo S/ 868 millones, menos del 30% de lo incorporado en dicho DU.

En el mismo sentido, señaló que la reserva de contingencia constituye un crédito presupuestario global destinado a financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos.

Por ello, la incorporación de recursos en dicha reserva indicaría que no se tiene plenamente identificado el destino (pliego ejecutor y monto exacto) de tales recursos, pues de lo contrario se podría incorporar los recursos de manera directa en el presupuesto de tales pliegos.

Por estas razones, el CF reitera que no parece haber justificación para no tramitar las modificaciones al presupuesto a través de la presentación de los correspondientes proyectos de ley”, remarcó.

Reforzar la institucionalidad

De la misma forma, el CF precisó que tramitar los créditos suplementarios a través de proyectos de ley reforzaría la institucionalidad de la política fiscal.

Ese mecanismo es más transparente y promueve un espacio de debate público para el análisis de las decisiones de política fiscal, en el que participan tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo”, indicó.

Agregó que la transparencia fiscal se hace más relevante aún en circunstancias como la actual en la cual las reglas fiscales han sido suspendidas y por lo tanto los responsables de política fiscal tienen mayor poder discrecional sobre los objetivos fiscales.

Asimismo, refirió que, de acuerdo con lo informado por el MEF, el gasto que se estaría financiando con estos decretos de urgencia estaba contemplado en el techo de gasto público previsto en el MMM 2022-2025, por lo cual no generaría niveles de déficit fiscal superiores a los previstos en dicho documento.

En este sentido, el CF considera que aún es necesario que el MEF demuestre la conveniencia de seguir impulsando la actividad económica en detrimento de las cuentas fiscales y, en la medida de lo posible, hacerlo mediante un debate público. Ello es más importante aún si se considera que el 35% de los gastos que se financiarían con los recursos de ambos DU no tendrían como destino la atención de la emergencia sanitaria ni el impulso a la reactivación económica”, sostuvo.

Por último, el CF recordó que la incorporación de mayores recursos en el presupuesto implica dejar de utilizar esos recursos para reducir la presión sobre el endeudamiento o recomponer los activos financieros utilizados para la atención de la emergencia sanitaria.

Respecto a lo registrado previo al COVID-19, la deuda pública del sector público no financiero se ha incrementado en alrededor de S/ 90,000 millones y los activos del Fondo de Estabilización Fiscal se encuentran agotados, indicó el CF.

En este contexto de mayor vulnerabilidad de las cuentas fiscales, el CF resalta que recientemente se ha realizado una nueva emisión de endeudamiento externo por US$ 4,000 millones, por lo cual considera necesario demostrar la consistencia de seguir incorporando recursos no previstos en el presupuesto y a la vez seguir incrementando los niveles de endeudamiento público”, concluyó.