Paola Villar S.

Una práctica común entre el Ejecutivo y Legislativo durante el proceso de debate y aprobación del presupuesto público es modificar la cantidad de proyectos de inversión que pueden ser incluidos, habitualmente por solicitudes del Congreso.

Aunque esta negociación es conocida, por primera vez se hizo público ayer un documento elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la lista de inversiones solicitadas por la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida por el congresista Humberto Acuña (APP), mostrando su distribución por región, sectores y análisis realizado por diversos ministerios hasta el 7 de noviembre.

La extitular del MEF, María Antonieta Alva, compartió en su cuenta personal de Twitter dicho listado, despidiéndose del cargo que ocupó por más de un año luego de que el Congreso aprobara la vacancia contra Martín Vizcarra de la presidencia. Señaló que lo hizo “como parte de la política de transparencia del MEF”.

En esta lista (puede encontrarla aquí) se reveló, por ejemplo, que son 532 los proyectos de inversión a escala nacional que dicha comisión del Legislativo busca incluir en la Ley de Presupuesto del 2021, por un monto de inversión de S/5.136,4 millones.

Lista de inversiones solicitadas por el Congreso de la República. (Elaboración: Luis Huaitán/El Comercio)
Lista de inversiones solicitadas por el Congreso de la República. (Elaboración: Luis Huaitán/El Comercio)

El monto es significativamente mayor si se compara con los montos incluidos por el Congreso en presupuestos anteriores. En este informe se precisa que entre el 2017 y 2019, el Congreso incluyó proyectos por más de S/2.000 millones; para ser precisos, por cerca de S/2.182,3 millones. Ese monto, que es resultado de la sumatoria de tres años, es incluso menos de la mitad de lo que este Congreso busca incluir solamente para el 2021.

El porcentaje del costo que representa la solicitud de 532 obras —de aceptarse en su totalidad— del presupuesto total también es significativamente alto si se considera el habitual. Este monto equivale a un aproximado de 2,81% del total del presupuesto público proyectado para el 2021, que asciende a cerca de S/183.029 millones.

¿Qué tanta es la diferencia en comparación a años anteriores? En la investigación publicada en el 2010 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y titulada “¿Quien decide el presupuesto?”, el ex ministro de Economía Luis Carranza y los economistas Jorge F. Chávez y José Valderrama abordaron el ámbito de las negociaciones entre el Ejecutivo y Legislativo para armar un presupuesto. Así, determinaron, a partir de diversas entrevistas a oficiales de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, que la estrategia del ministerio con cada propuesta de presupuesto es “dejar de lado una pequeña porción […] para atender las enmiendas propuestas por los miembros del Congreso (pág. 190)”.

Dicha porción equivale normalmente a menos del 0,5% del total de presupuesto público, lejos del 2,81% que se propone para el 2021 en un presupuesto, además, que se ha visto afectado por el impacto económico de la pandemia.

PROYECTOS NO APTOS

Además, el análisis realizado por los ministerios mostró que 62 proyectos de la lista no cumplen con los criterios técnicos para su ejecución. Esto debido a diversas ausencias y observaciones, entre las cuales destaca la falta de estudios técnicos, sin los cuales ninguna obra puede caminar. Sin embargo, los congresistas insistieron en pedir que se incorporen.

Lista de inversiones solicitadas por el Congreso de la República. (Elaboración: Luis Huaitán/El Comercio)
Lista de inversiones solicitadas por el Congreso de la República. (Elaboración: Luis Huaitán/El Comercio)

Otro ámbito de importancia es la cantidad que se busca destinar por región. Resalta, de hecho, que de los 532 proyectos, 229 se encuentren en Lambayeque y Cajamarca, y estos suman un costo total de S/1.927,7 millones. En el caso de Lambayeque, el costo total de las obras asciende a S/954 millones. Este monto es incluso mayor al que la región ejecutó solo en proyectos en el 2019 (657,7 millones).

David Tuesta, exministro de Economía, consideró que ello puede ocurrir en particular este año porque muchos congresistas suelen prometer a sus localidades y votantes que impulsarán sus obras de interés, pero suelen tener hasta hasta cinco años para poder hacerlo. Para este Congreso, el 2021 será su única oportunidad de impactar en el presupuesto público antes de las elecciones generales.

Cuando tienes Congresos de largo alcance siempre puedes decir a tus votantes en los siguientes años llegarán las obras, pero ellos están solo un año. El objetivo de estos congresistas es cumplir, y se acabó su gestión; por eso están algunos desesperados por llevar —si pensamos bien, con buena intención política— obras a sus regiones”, precisó.

REACCIONES

Tuesta saludó transparentar estos datos y destacó que contar con la herramienta será clave, ahora que el presupuesto estará en manos de un nuevo gobierno.

Lo que toca ahora es ir a hacer el seguimiento [a la lista]. Habría que resaltar todos aquellos [proyectos] que evidentemente por observación no deban estar”, remarcó.

Por su parte, Marcel Ramírez, economista de la UP, alertó que el próximo año va a ser uno de menor recaudación tributaria (vía por la que se suele financiar el presupuesto público), mayor endeudamiento (debido a la situación económica y la necesidad de invertir a nivel nacional) y riesgo de que no se logre alcanzar lo que se está proyectando.

El problema de agregar proyectos es qué margen tienes para aumentar los presupuestos y para ejecutar finalmente, porque es dinero que destinas y que debe tener una buena razón para estar”, indicó.

Para Flavio Ausejo, especialista Políticas Públicas en la escuela de Gobierno de la PUCP, con los cambios recientes que se han dado a raíz de la crisis política el rumbo es incierto.

Quienes van a asumir la responsabilidad [del presupuesto público] no necesariamente manejan la institucionalidad que se debe seguir para manejar estos aspectos. Entonces, lo que eventualmente podría ocurrir es que le impregnen velocidad a los procedimientos sin hacer una evaluación seria sobre la necesidad que existe de inversión de esos proyectos, porque no sabemos si detrás de esos proyectos hay una evaluación de una necesidad”, precisó.

César Fuentes, profesor de ESAN, resaltó que los proyectos que el Congreso incorpora suelen ser de pequeños y focalizados en los sectores de educación, saneamiento y salud. No obstante, consideró que será vital evaluar cuál fue el retorno de realizar una de las obras públicas, algo que actualmente no se realiza. “Por lo general cuando tienes esta cantidad de proyectos son generalmente pedidos muy focalizados, cada congresista tiene una moneda de referencia”, puntualizó.