Conceptos como “innovación”, “transferencia tecnológica” y “emprendimiento” son recurrentes en constituciones “jóvenes” de América Latina, como es el caso de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana y Venezuela, especialmente en temas agropecuarios, señala un análisis de 193 constituciones de 5 continentes.

Publicado este mes por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (CTCI) de Chile, –encargado de analizar estrategias de largo plazo en estas materias en el país–, el análisis provee diversos datos sobre la regulación constitucional de la ciencia y tecnología en el mundo.

Según el documento, Bolivia, Venezuela y Ecuador –además de Zambia en el continente africano– son algunos de los pocos países del mundo que incluyen en sus constituciones políticas artículos relacionados a la preservación de los conocimientos ancestrales y locales.

El análisis precisa que la inclusión de estos conceptos en las constituciones se debe al reciente reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la constante búsqueda de un diálogo entre distintos tipos de conocimiento, más que en establecer “una relación unidireccional y vertical en la que la ciencia se posiciona de manera privilegiada”.

Según Cristina Dorador, doctora en ciencias y constituyente electa por el Distrito 3 en Chile, un factor compartido en varios países de América Latina y el Caribe es la centralización del poder y las instituciones científicas en las grandes capitales. Esto ha provocado, entre varias cosas, la no inclusión de conocimientos ancestrales y locales paralelos a la ciencia occidental.

Precisamente, la publicación del documento pretende establecer algunas pistas sobre cómo se incluye la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento (CTIE) en las constituciones del mundo con miras a la redacción de la nueva Constitución chilena en 2022.

“Lo que se buscó fue contribuir a la discusión constitucional [de Chile], buscando antecedentes de cómo la ciencia y tecnología se había hecho presente en otras constituciones e identificando qué dimensiones de ellas eran posibles de considerar”, mencionó por correo electrónico a SciDev.Net Katherine Villaroel, secretaria ejecutiva del CTCI.

De este modo “el estudio es un aporte para contextualizar las demandas del sector en la discusión constitucional”, aseguró.

La nueva Constitución reemplazará a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet en los años setenta y será la primera en ser redactada después de la pandemia mundial por un órgano paritario. Involucrará una diversidad muy amplia de voces: un total de 78 hombres y 77 mujeres, representantes de diversas tendencias políticas, elegidos en elecciones.

“Cuando se incluye algo en la Constitución se adscriben los tratados internacionales, pero algunos piensan que sería una redundancia volver a hacerlo, sin embargo, se trata de una declaración de principios […] Cuando se escribe algo en alguna Constitución es porque se le quiere dar relevancia”.

José Ortiz Carmona, autor del documento técnico del CTCI de Chile

Según el documento, aunque prácticamente todas las constituciones del mundo incluyen artículos relacionados al fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología nacional, existen diferencias sustanciales en cuanto a su abordaje jurídico, los fines para los que se fomenta y las responsabilidades de los Estados para llevarlas a cabo.

Y señala seis categorías en la forma que la CyT se aborda en las constituciones: el rol del Estado en relación a la CTIE; derechos para individuos o grupos de la sociedad; usos o tareas que debe cumplir la CTIE; las tareas de legislación sobre estas temáticas; institucionalidades; y atribuciones a determinados órganos en esta materia.

Para José Ortiz Carmona, magister en estudios sociales de la ciencia y autor del estudio, un hallazgo relevante es la manera en la que los derechos universales –específicamente el “derecho a la ciencia”– son incluidos o no dentro de las constituciones.

“Cuando se incluye algo en la Constitución se adscriben los tratados internacionales, pero algunos piensan que sería una redundancia volver a hacerlo, sin embargo, se trata de una declaración de principios […] Cuando se escribe algo en alguna Constitución es porque se le quiere dar relevancia”, explicó via Zoom a SciDev.Net

A su vez, existe un contraste entre los países que atribuyen funciones sociales directas a la CyT –como la preservación del medioambiente o el aporte a la toma de decisiones del aparato estatal– y los que dan atribuciones más “difusas”, como desarrollo económico o sustentable del país.

Estas diferencias, menciona Ortiz, pueden deberse a la extensión propia de las constituciones. Mientras algunas “no dejan nada fuera de la constitución”, otras indican que dichos temas deben ser objeto de legislación por parte de los congresos.

Para Jorge Espinosa, asesor y consultor independiente en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación en México, la máxima especificidad dentro de las constituciones no es sinónimo de éxito. La legislación de los congresos dota de soberanía a los Estados o provincias de los países para tomar decisiones con base en sus contextos particulares, aunque siempre debe haber correspondencia, explicó.

“El tema no es como se escriben, sino cómo se interpretan las leyes […] Lo importante es que si no hay instrumentos, verdadero apoyo y presencia efectiva, todo lo demás son leyes de letra muerta”, dijo a SciDev.Net por video llamada.