El Poder Judicial evaluará este martes 17 el pedido de cese de prisión preventiva de Pier Figari Mendoza, exasesor político de Keiko Fujimori. El señalado como miembro de la cúpula del fujimorismo es investigado por el Ministerio Público de pertenecer a la presunta organización criminal insertada en el partido Fuerza Popular.

Según la hipótesis fiscal, Figari Mendoza habría participado del delito de lavado de activos de los aportes ilícitos de Odebrecht para financiar campaña presidencial de Fuerza Popular en el año 2011, en la que la candidata era la hija de Alberto Fujimori.

La solicitud de la defensa legal del imputado se realizará a las 4 de la tarde en la Sala de Audiencias del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el Cercado de Lima.

Pier Figari afronta prisión preventiva desde noviembre del 2018 por orden del juez Richard Concepción Carhuancho. Estaba recluido en el penal Miguel Castro Castro pero luego fue trasladado al centro penitenciario Ancón II, por pedido de la Fiscalía asegurando que el imputado presionaba a otros testigos para que no acuse a Keiko Fujimori.

El plazo de la medida fue de 36 meses, pero la Corte Suprema de Justicia la redujo a 18. Esta audiencia se da luego que el Tribunal Constitucional (TC) declara fundado el hábeas corpus a favor de anular la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, quien se encuentra en libertad pese a las evidencias en su contra. No obstante, el Ministerio Público insistirá en que regrese a afrontar esta medida cautelar.

Figari busca separara a fiscal Pérez

El abogado de Pier Figari interpuso un recurso de apelación contra la resolución que justifica la inasistencia del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, a la audiencia de cese de prisión preventiva en su contra, en mayo pasado.

La Fiscalía considera que con este acto busca separar al fiscal encargado del caso Cócteles. No obstante, fue admitido y la Corte Superior de Justicia Especializada dejó al voto el pedido.

Pier Figari solicitó en setiembre pasado al fiscal José Domingo Pérez que su caso se adecue a la ley que prohíbe el financiamiento ilegal de partidos políticos y que deje de ser tipificado como lavado de activos y crimen organizado. Sin embargo, el pedido fue rechazado.