Carlos Chunga

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, en la región Piura, presentó el jueves el requerimiento penal por el caso del suboficial PNP Elvis Joel Miranda Rojas ante la Corte Superior de Justicia de Piura.

En el documento, la fiscal Lilia Castillo Chirinos solicita una sentencia de veinte años de prisión efectiva para el policía por los presuntos delitos de homicidio simple y abuso de autoridad en agravio de Juan Carlos Ramírez Chocán.

Ramírez, quien registraba antecedentes policiales por robo y hurto, fue abatido el pasado 14 de enero durante una persecución policial en la que participó Elvis Miranda.

Según el acta de intervención, el occiso había participado en un asalto e hizo caso omiso cuando la Policía lo intervino, por lo que recibió un impacto de bala que le produjo la muerte.

Cecilia Pizarro, abogada de Miranda, señaló que el agente actuó en estricto cumplimiento de su deber y, además, en defensa propia, ya que, durante la persecución, Ramírez Chocán habría hecho un gesto de extraer un arma para disparar.

Además de la pena privativa de libertad, la fiscal Castillo también pide que Elvis Miranda, quien actualmente tiene una orden de comparecencia restringida pague la suma de S/80 mil a favor de la madre del agraviado, María Chocán, por concepto de reparación civil.

Según el requerimiento fiscal, Miranda Rojas abusó del uso de su arma de reglamento y no respetó el protocolo policial. Incluso se indica que el suboficial abandonó al agraviado después de haberle disparado, por lo que configuraría el delito de homicidio simple.

Para Lucy Rojas, madre del policía imputado, este pedido de la fiscalía es una decepción total y un duro golpe para su familia. “Mejor que el Ministerio del Interior no les dé armas a los policías, porque pueden terminar denunciados como mi hijo”, protestó.

Elvis Miranda Rojas fue detenido por sus colegas el 15 de enero en la comisaría de Tacalá, donde trabajaba. Al día siguiente, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, a cargo del juez David Sosa, ordenó para él siete meses de prisión preventiva, al señalar que no tenía arraigo y podía entorpecer las diligencias.

Esta orden fue confirmada el 29 de enero por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura.

Por este caso, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el Ministerio Público abrieron sendas investigaciones contra el juez Sosa y la fiscal Castillo, respetivamente.

El suboficial estuvo internado 26 días en el penal de Piura (ex Río Seco), hasta que el 13 de febrero fue admitido un hábeas corpus presentado por un abogado de Huancayo en la Corte Superior de Justicia de Junín, que anulaba las resoluciones de prisión preventiva.

Con este recurso, que fue confirmado el 4 de abril, la justicia dispuso que el caso vuelva al estado anterior a la orden de encarcelamiento provisional contra Elvis Miranda, quien actualmente trabaja en la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional.