PCM creará plataforma única para garantizar la reserva y protección en estos casos.

En un plazo de 30 días, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Secretaría de Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública, implementará una plataforma integrada e interoperable para la correcta gestión de las denuncias por actos de corrupción, asegurando la protección de los denunciantes de esos presuntos actos.

Se trata de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, que se constituirá en el canal único de contacto digital del Estado peruano con la ciudadanía para esas denuncias y que se desarrollará en cumplimiento de lo dispuesto por el D. S. N° 002-2020-JUS, que modifica el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327.

Conforme con esta norma modificatoria, las entidades públicas son responsables de garantizar la interoperabilidad de los procedimientos de denuncias sobre actos de corrupción y de las medidas de protección al denunciante, mediante una plataforma de interoperabilidad estatal.

Reacciones

Al respecto, el jurista Nelson Ramírez felicitó la iniciativa porque constituye un avance evidente en la lucha contra la corrupción. “Si algo detenía la proliferación de denuncias era que más allá de la promesa legal de salvaguardar la identidad del denunciante para protegerlo, eso no se cumplía y esa promesa era vulnerable”.

En cambio, considera que una plataforma interoperable instalada con todo el avance tecnológico conocido bajo un control sin vulnerabilidades garantizará que ese anonimato sea realmente serio.

Por lo tanto, dijo, se trata de la medida más importante en la lucha contra la corrupción de los últimos años.

En la norma se establece que las plataformas creadas por ley para registrar las denuncias por actos de corrupción y medidas de protección al denunciante continuarán en operación bajo las reglas que les resulten aplicables.

No obstante, la data que almacenen serán insumos que se registrarán en la plataforma integrada e interoperable para asegurar su sistematización y trazabilidad.

Identidad

En aplicación del principio de reserva, no puede ser de conocimiento público, por medio de una solicitud de acceso a la información pública, cualquier aspecto referido a la denuncia y a la solicitud de protección al denunciante, por tener el carácter de confidencial en los términos de la clasificación de la ley de la materia.

Incluso los servidores que intervengan en el trámite de estas denuncias están prohibidos de divulgar cualquier aspecto relacionado con estas, particularmente la identidad del denunciante o testigo.