Enric González

El nuevo Gobierno argentino aumentó las retenciones fiscales a las exportaciones agrarias. A través de un decreto publicado este sábado, quedó sin efecto el esquema impositivo establecido por el anterior presidente, Mauricio Macri, que retenía cuatro pesos por dólar exportado, y se impuso un porcentaje fijo del 9% por cada dólar. En el caso de la soja, el producto más competitivo en los mercados internacionales, el 9% se sumó al 18% que ya estaba en vigor, por lo que el total retenido a los exportadores asciende al 27%.

La decisión de Alberto Fernández constituye en realidad una actualización: cuando Macri fijó los cuatro pesos por dólar, el dólar se cambiaba a 38 pesos; ahora se cambia casi a 60. Aun así, las patronales agrarias, principal fuente de divisas del país, expresaron de inmediato su malestar por no haber sido consultadas. Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, acusó al presidente de faltar a su palabra: “Dijo que no iba a tomar medidas sin hablar antes con nosotros”, se quejó. “Esto no va a caer bien en el sector”, comentó a su vez Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

El asunto de las retenciones agrarias, en especial las referidas a la soja, es siempre delicado. En 2008, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner las aumentó desde el 35% hasta el 48,7% y las patronales agrarias se lanzaron a una protesta que duró cuatro meses, con frecuentes manifestaciones y cortes de carreteras. La crisis le costó el puesto al entonces ministro de Economía, Martín Lousteau. Fernández, entonces jefe de gabinete, intentó resolver el problema con una nueva ley que finalmente fue rechazada por el Senado por un solo voto, el emitido por el propio vicepresidente, Julio Cobos. Fernández tomó entonces la decisión de dimitir y dejó el Gobierno con fuertes críticas contra la presidenta.

El nuevo Ejecutivo ha publicado también un decreto destinado a frenar los despidos. Durante los próximos seis meses, cualquier despido no justificado implicará una indemnización del doble de lo que establece la ley. El decreto declara la Emergencia Pública en Materia Ocupacional, debido a la severa crisis económica que atraviesa el país y que ha disparado la tasa de desempleo hasta el 10,6%.

La medida no debería tener gran incidencia, porque las empresas ya redujeron plantillas antes de que Alberto Fernández tomara posesión (esperaban alguna decisión de este tipo) y porque los próximos meses veraniegos, enero y febrero, son vacacionales. De todas formas, varios grandes empresarios se quejaron y reclamaron un relanzamiento de la economía y del mercado interno, no medidas temporales.