En el Congreso, se ha diseñado un mecanismo que imposibilita rastrear quiénes son los legisladores que están detrás de los proyectos de inversión de obras introducidos en la Comisión de Presupuesto y en el pleno. Esto se desprende de un informe de la contraloría que revisó las actas de debate del 2017 y 2018 de las dos instancias legislativas donde se modifica el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo.

La semana pasada, este Diario difundió una investigación sobre las modificaciones presupuestales realizadas en el Congreso, que mostraba que se introdujeron más de 900 proyectos de obras, valorizadas en más de S/2 mil millones, en las leyes de presupuesto de los últimos tres años. Un monto que pasa desapercibido, pues representa menos del 1% del presupuesto anual.

Posteriormente, este Diario accedió a un estudio de la Contraloría General de la República, realizado en diciembre del 2018 durante la gestión de Nelson Shack, titulado “El presupuesto público para inversiones del Gobierno Nacional y gobiernos regionales en los años 2017 y 2018: una mirada al proceso de aprobación”.

Las conclusiones de este documento ratifican la investigación de este Diario y añaden que “no se ubicaron registros oficiales referidos a los cambios de las partidas de gasto, pese a que las mismas se dan en dicha instancia”.

La contraloría accedió a las actas del debate, tanto en la Comisión de Presupuesto como en el pleno, y notó que los cambios introducidos no figuran en las intervenciones de ningún congresista.

“Si bien se identificaron menciones a inversiones, estas en su mayoría no tenían relación con las que presentan modificaciones en el presupuesto aprobado respecto al proyecto de ley [del Ejecutivo], por lo que los actores involucrados [congresistas] podrían recurrir a prácticas informales de negociación”, apunta el informe del máximo órgano de control.

El mismo documento refiere que solo se encontraron menciones de un 5% de las inversiones agregadas durante la etapa de aprobación.

“Esta revisión señala que gran parte de las modificaciones en el presupuesto de inversiones que ocurren en la etapa de aprobación presupuestaria no son documentadas y, por tanto, no existe transparencia acerca de las decisiones de asignación ocurridas”, estipulan.

—Mecanismo blindado—
Altos funcionarios que han trabajado en el Ejecutivo durante los últimos tres años brindaron detalles que refuerzan la conclusión del informe de la contraloría sobre la falta de transparencia en el debate congresal de la ley de presupuesto.

En la ley autoritativa del 2018, en la que otorgaban facultades al Ejecutivo, el Congreso incluyó una disposición en la que se señalaba que “el ejercicio de la delegación de facultades deberá observar lo señalado en los artículos 80, 101 y 104 de la Constitución Política del Perú, respetando las disposiciones establecidas sobre modificaciones presupuestarias y reserva de contingencia […]”.

Los artículos de la Constitución son claves para el Congreso, pues aseguran que “los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan”.

Además, se señala que la Comisión Permanente tiene atribución sobre los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario. Esto último debido a que la delegación de facultades se dio en julio, mientras el Congreso estaba en receso.

“Ellos pensaban que el Gobierno les pondría candados y no los querían. Con candados me refiero a cambios en los topes de asignación, límites en las modificaciones a las disposiciones presupuestarias”, refirió una de las fuentes.

El temor del Congreso respondía a la creación de los GORE Ejecutivo, instaurados en la gestión del entonces primer ministro Fernando Zavala, cuya práctica ha sido continuada bajo el mandato del presidente Martín Vizcarra.

“Los GORE Ejecutivo les han quitado intermediación a los congresistas con los gobiernos regionales, su rol ha quedado inhabilitado. Al reducirse ese rol con los gobernados, los congresistas se han vuelto más localistas, ahora intermedian con los alcaldes”, explicaron las fuentes.

Esto se ratifica con el análisis de la contraloría. Según el estudio, las regiones solicitaron en mayor número la inclusión de inversiones en sus exposiciones a la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, no tuvieron éxito considerando que los proyectos mencionados no figuran en la ley final.

Ninguna de las 230 inversiones mencionadas por los gobernadores en el 2018 y de las 175 en el 2017 figura en la ley de presupuesto.

—Proyectos viables—
En otra parte del informe, la contraloría señala que, tras la revisión de las bases de datos del SIAF, se observa que las inversiones agregadas en la etapa de aprobación contaban con viabilidad en el banco de proyectos, estaban en ejecución o estaban vinculadas a algún programa presupuestal.

En el período 2018, un 77% de las inversiones agregadas habían recibido viabilidad el año anterior al proceso presupuestario (2016) y el 14% tenía viabilidad antes de la etapa de aprobación. Solo el 5% de las inversiones presupuestadas no tenía viabilidad a fines del 2018.

En el período 2017 fue algo similar, pues el 65% de las inversiones agregadas había recibido viabilidad en el año anterior, 16% tenía viabilidad antes de la etapa de aprobación y solo el 2% aún no tenía viabilidad al cerrar el año.

Dinero público
—Este Diario informó, la semana pasada, que la región a la que pertenece el presidente de la Comisión de Presupuesto suele ser la más beneficiada con la inclusión de proyectos de inversión.

—En los últimos 10 años, solo en estas regiones, las variaciones presupuestales han sumado más de S/1.028 millones.