Carlos Neyra

José Luis Cavassa Roncalla, el ex funcionario de la ONPE detenido por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, declaró ante el fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios Elmer Chirre –por la investigación del Caso ‘La Centralita’– que Odebrecht lo contrató para monitorear y coordinar con gobernadores regionales.

“Sí, he firmado contratos, uno solo, en julio del 2011, si mal no recuerdo”, afirmó Cavassa a Chirre.

“Este contrato surgió por un requerimiento de un director de Odebrecht, el señor [Eleuberto Antonio] Martorelli, quien me solicitó una asesoría para [hacer] análisis político-electoral en varias regiones del país”, remarcó.

El Comercio accedió a cuatro declaraciones que Cavassa brindó a Chirre entre mayo del 2016 y agosto del 2017.

Según Cavassa, Odebrecht estuvo interesado en que él realizara coordinaciones directas con los gobernadores regionales.
“Martorelli me dio una serie de regiones donde quería saber la estabilidad política y electoral: Cajamarca, Piura, Áncash, Lambayeque, Junín, Cusco, Lima y Callao”, declaró.
Agregó que los ahora ex ejecutivos de la constructora estaban interesados en que se hiciera seguimiento a la estabilidad de los gobernadores regionales ante “pedidos de vacancia o revocatoria de autoridades”.

Cavassa detalló el trabajo que realizó a pedido de Odebrecht: “Cada dos o tres semanas, yo le hacía [reportes] a Martorelli, un informe verbal en las reuniones o sesiones que teníamos, y le llevaba todos los papeles de trabajo de lo que él pedía específicamente, circunscrito a las zonas donde la empresa trabajaba o iba a trabajar. Esos documentos se los entregaba personalmente a Martorelli, que fue con quien yo solo traté”.

—Contratos simulados—
En la declaración de Cavassa del 6 de febrero del 2017, indicó que la relación con la firma brasileña empezó en el 2000 (pese a que en la declaración de agosto de ese año, que rindió como imputado, aseguró que había firmado un solo contrato en el 2011) y que esta concluyó después de que le pidieron intervenir en la revocación de Susana Villarán (el proceso se realizó en el 2013).

“Mi relación contractual con Odebrecht se terminó porque Martorelli me solicitó que fuera a trabajar directamente en la campaña antirrevocatoria de la alcaldesa provincial de Lima, me pedía que trabajase con sus personeros y dirigentes, lo cual no acepté porque estaba demasiado politizado el tema y no convenía para mis intereses futuros”, refirió.

Según la declaración del publicista brasileño Valdemir Garreta a la fiscalía, Odebrecht aportó US$2 millones para la campaña por el No a la revocación de Villarán como alcaldesa de Lima.

Cavassa también declaró a Chirre que para sustentar los pagos acordados con Odebrecht simularon contratos por asesorías: “Cuando se vio el tema para efectivizar el pago y el contrato, ante sugerencia e implementación de él mismo [Martorelli], se realizó por tecnologías de información, de ahí que el contrato firmado por ellos fue dentro de un ámbito de asesoría por tecnología de información”.

Ante el fiscal Chirre además habló de su experiencia profesional para justificar su contratación por Odebrecht: “El haber trabajado en el sistema electoral [Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE] desde 1983 hasta el 2000, en diversos cargos administrativos y gerenciales, y en los últimos años mi experiencia profesional es en asesoramiento informático y de monitoreo de políticas públicas en varias empresas”, indicó.

Chirre ha denunciado a Cavassa por el Caso ‘La Centralita’ (carpeta fiscal 476-2014) por las asesorías que brindó a César Álvarez cuando era gobernador regional de Áncash, por las que habría cobrado S/150.000 entre el 2011 y el 2012.

Este Diario se comunicó con Humberto Abanto, abogado de Cavassa, quien señaló que recién se ha incorporado al proceso y que desconoce lo que su patrocinado declaró. Por esa razón, prefirió no pronunciarse sobre este tema.

En tanto, Odebrecht señaló a El Comercio que, “en virtud del compromiso de confidencialidad asumido, la compañía está imposibilitada de hacer cualquier comentario sobre las investigaciones en curso. La empresa cree fuertemente que la colaboración eficaz ya iniciada es el mecanismo adecuado para aclarar cualquier tema de interés de la fiscalía”.

En su defensa, Cavassa ha argumentado que Álvarez lo contrató para capacitar a personeros. A cambio dice que percibió una compensación por capacitación de S/1.200, que no declaró a la Sunat.

La versión de Cavassa fue desvirtuada con el levantamiento de su secreto bancario, ya que en sus cuentas bancarias había depósitos por S/500.000 aproximadamente, que provendrían de Odebrecht y otros, según la acusación fiscal.

Operador electoral

Investigado por otros casos

José Luis Cavassa ha sido procesado por la llamada fábrica de firmas falsas que permitió la re-reelección de Alberto Fujimori en el 2000.

En el 2018, además, fue detenido por sus vínculos con el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos, por el caso de los ‘CNM audios’. En este caso, es investigado por el delito de tráfico de influencias.

Luego de su detención, Cavassa declaró a la fiscalía que trabajó en la capacitación de personeros de la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio en el 2016.

La fiscalía del Callao ha recogido los testimonios de tres testigos protegidos, quienes sostienen que Cavassa tuvo injerencia en la elección del suspendido jefe de la ONPE, Adolfo Castillo. Asimismo, la Primera Fiscalía Anticorrupción lo investiga por supuestamente ser el contacto del partido Podemos Perú, del ex congresista José Luna Gálvez, con la ONPE, para facilitar su inscripción.

La relación de Eleuberto Martorelli con proyectos en el Perú

Eleuberto Antonio Martorelli trabajó en importantes proyectos de infraestructura en Brasil, Ecuador y el Perú, además de haber sido el máximo representante de Odebrecht en Colombia.

Al Perú llegó en el 2008 para asumir los proyectos Kuntur (anterior al gasoducto sur peruano) y Olmos, durante el gobierno de Alan García.
Según el equipo especial del Caso Lava Jato, Martorelli también intervino en las negociaciones de un grupo de árbitros que encabezó Horacio Cánepa para favorecer a Odebrecht en los pagos adicionales de los tramos 2 y 3 de Iirsa Sur, de Iirsa Norte, el Sistema de Agua Potable Chimbote, así como las carreteras Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, en la región Áncash, y Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, en la región San Martín.

Actualmente, Martorelli colabora en el proceso judicial del Caso Carretera Chacas-San Luis y ‘La Centralita’, que investiga el fiscal Chirre.

También se ha sometido a un proceso de colaboración con las autoridades colombianas para esclarecer el financiamiento de la campaña electoral del ahora ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos.