El Colegiado “A” de la Sala Penal Nacional condenó este martes a cadena perpetua a diez integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso -entre ellos Abimael Guzmán– por la autoría mediata del atentado en la calle Tarata, en Miraflores, el 16 de julio de 1992.

La lectura de la sentencia, realizada en la Base Naval del Callao, se inició pasadas las 11:30 a.m. y finalizó pasadas las 5:40 p.m.

Fueron sentenciados a cadena perpetua Abimael Guzmán Reynoso, Elena Yparraguirre, Óscar Ramírez Durand ‘Feliciano’, Osmán Morote Barrionuevo, María Pantoja Sánchez, Laura Zambrano Padilla, Florindo Flores Hala ‘Artemio’, Margot Liendo Gil, Edmundo Cox Beuzeville y Florentino Cerrón Cardoso.

Asimismo, deberán pagar dos millones de soles a los deudos de las víctimas, los cuales deberán ser abonados solidariamente.

De los doce procesados, dos no recibieron condena. Elizabeth Cárdenas Huayta fue absuelta tras haber cumplido una pena de 15 años de cárcel. Respecto a Moisés Límaco, quien viajó el 11 de junio de este año a Francia y aún no ha retornado, su condena quedó en reserva por estar prófugo.

Cabe destacar que todos los procesados fueron absueltos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

El tribunal argumentó que “está acreditado” que los acusados eran miembros del Comité Central de Sendero Luminoso, “órgano de decisión que ordenó y aprobó el atentado con un coche-bomba”.

En ese sentido, se sostuvo que está probado que una de las funciones del Comité Central era elaborar lineamientos generales que eran ejecutados por destacamentos. “Nadie podía actuar por su cuenta”, se concluyó.

Además, la sentencia manifiesta que el atentado “no es un error, un hecho fortuito o un caso aislado”, como sostuvieron los abogados de los terroristas procesados. “Nos forma convicción de que el atentado de Tarata sí corresponde a los planes criminales del Comité Central”, afirma.

De otro lado, sobre Osmán Morote, quien como Margot Liendo cumple prisión domiciliaria, se concluyó que seguía siendo parte del Comité Central pese a estar en prisión cuando ocurrió el brutal ataque. Su defensa argumentaba que, como estaba preso, “no era responsable”.

El director general de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, César Cárdenas, saludó la labor de los defensores públicos que representaron a los acusados por el Caso Tarata ante la renuncia de sus abogados particulares.

Esto, según mencionó, fue vital para que refutar que los acusados aleguen encontrarse en indefensión y se genere la interrupción de las audiencias, lo cual hubiera generado el inicio de un nuevo juicio.


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