Mediante un proyecto de ley se pretende eliminar el secreto bancario y la reserva tributaria para quienes hayan sido elegidos por mandato popular. Con ello se busca mayor transparencia en el acceso de la información de los funcionarios públicos.

Las autoridades electas mediante voto popular no tendrían derecho al secreto bancario ni a la reserva tributaria. Así lo propone el Proyecto de Ley N° 954-2016 CR, presentado el pasado 14 de febrero ante el Congreso, por el cual se pretende modificar el artículo 2 de la Constitución.

Bajo la denominación de “Proyecto de ley de reforma constitucional, Ley que elimina el secreto bancario y la reserva tributaria para las autoridades elegidas por elección popular”, se propone agregar este párrafo al numeral 5 del artículo 2 de la Constitución: “La información relacionada con las autoridades elegidas por elección popular, los Ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General no está protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria”.

Como se recordará actualmente dicho numeral establece que toda persona tiene derecho: “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”

En la exposición de motivos de la propuesta se señala que el ocultamiento de información que permite el secreto bancario y la reserva tributaria sirve muchas veces de pretexto para que algunas personas naturales o jurídicas camuflen actividades ilegales. Esta iniciativa legislativa establece, además, la necesidad de aprobar una norma de desarrollo constitucional para regular los supuestos en los que se podría acceder a dicha información bancaria y tributaria.

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