Escribe:Carlos Aguilar

En el 2001, por primera vez, se intentó aprobar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Se presentaron doce proyectos, todos se quedaron el camino. Dieciséis años más tarde, por unanimidad, el pleno del Congreso ha empezado a corregir ese error.

Con la norma aprobada ayer por 111 votos a favor y ninguno en contra, se duplicará el plazo de prescripción de los ilícitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares.

Asimismo, en el texto aprobado se plantea que habrá imprescriptibilidad en los delitos considerados “más graves o recurrentes”.

Este proyecto, que juntó varias iniciativas legislativas de las bancadas del Frente Amplio, Peruanos por el Kambio y Acción Popular, plantea modificar el artículo 41 de la Constitución del Perú.

En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, explicó a La República que se deberá precisar (a través de un proyecto de ley) la calificación de los tipos de delitos que no prescribirán.

Además, dijo que será necesaria una modificación del Código Penal.

Torres, de Fuerza Popular, opinó que los delitos de colusión, peculado, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo podrían convertirse en imprescriptibles.

Se debe precisar que esta norma, por modificar la Constitución, requiere de una segunda votación en la próxima legislatura, la cual se inicia en julio.

Además, la imprescriptibilidad solo alcanzará a los delitos cometidos después de la aprobación de esta norma. Es decir, no es retroactiva.

Se debe resaltar que Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia ya han aprobado la mencionada ley de imprescriptibilidad.

Glave: Día histórico

Por su parte, la legisladora del Frente Amplio, Marisa Glave, consideró como algo “histórico” que el Pleno haya aprobado la norma. Resaltó que “esta ley alcanzará ahora a los corruptores, a los corruptos y a los socios privados de los mismos”.

El debate de esta ley empezó a las diez de la mañana y su desarrollo fue accidentado.

El congresista fujimorista Héctor Becerril intercambió pullazos con los parlamentarios Marco Arana y con la propia Glave.

Con la legisladora fue que el tono de la discusión alcanzó altos niveles de tensión.

Becerril dijo que el Frente Amplio tiene doble moral y que Glave fue una regidora revocada que viene de una gestión municipal (de Susana Villarán) “muy cuestionada”.

Glave no se quedó callada y resaltó que, a diferencia del fujimorismo, su grupo parlamentario jamás se opondrá a ninguna investigación y menos blindará a ningún integrante de su bancada. En ese sentido, recordó que gracias al voto dirimente de Segundo Tapia, de Fuerza Popular, Kenji Fujimori no será investigado en la Comisión de Ética por presuntamente hacer regalos durante la semana de representación.

En tanto, durante el debate, algunos congresistas hicieron algunas propuestas.

Yeni Vilcatoma, hoy sin bancada, planteó que la imprescriptibilidad alcance a los delitos de asociación ilícita u organización criminal. Alberto Quintanilla, del Frente Amplio, formuló que se pongan limites a la inmunidad parlamentaria.

Por su parte, el aprista Mauricio Mulder consideró que el debate es un “engañamuchachos”, pues a su criterio se debería reformar el Código Penal.

El congresista del oficialismo Gilbert Violeta sostuvo que el dictamen aprobado no contempla el artículo referido a la prohibición para que los sentenciados por corrupción regresen al sector público.

Según dijo, el equipo técnico de la Comisión de Constitución retiró este artículo.

La República le consultó al respecto a Torres, quien respondió que este punto ya estaba contemplado en los Decretos Legislativos que envió el Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción.

Richard Arce (Frente Amplio) consideró que los delitos de abusos sexuales contra menores de edad también deberían ser imprescriptibles.

El congresista oficialista Alberto de Belaunde dijo compartir la misma opinión e informó a este diario que presentará un proyecto de ley al respecto.

Claves

Lo real. Actualmente el plazo de prescripción es igual al máximo de la pena. Es decir, si el peculado tiene una condena de ocho años, la prescripción corre a partir de los ocho años de cometido el presunto delito.
Los casos. El ex procurador anticorrupción Julio Arbizu precisó que al menos 150 casos de corrupción de la época del fujimorismo prescribirían.
Compañero. Las denuncias contra Alan García por presuntos delitos en su primer gobierno (1985 a 1990) ya prescribieron.


Es una ley contra los corruptos, por Ronald Gamarra

Como parte de un conjunto de medidas, es necesaria y conveniente la imprescriptibilidad. Sin embargo, para que todo funcione, los aparatos administradores de justicia tienen que hacer su trabajo a la brevedad y sancionar e investigar todos los casos de corrupción. Habrá un debate sobre si es una norma penal o procesal penal. La reforma constitucional aún no se ha aprobado y luego de ello se necesita una modificación del Código Penal para saber los delitos que serán considerados imprescriptibles.

Yo calculo que la segunda votación que se requiere será en diciembre de este año. Me ha sorprendido gratamente que se apruebe este dictamen porque hasta ayer muchísimas de las organizaciones políticas eran contrarias a la imprescriptibilidad. Lo que sucede es que los congresistas se han dado cuenta de que hay una creciente indignación ciudadana.

Es una garantía para los ciudadanos

Debemos de partir de algo importante: la prescripción de los delitos, es decir, la imposibilidad de perseguir delitos sin una fecha límite, es una garantía para el ciudadano. Está orientada a evitar que se le mantenga en condición de sospechoso por siempre y, de ese modo, se le exige al Estado (a través de la Fiscalía o el Poder Judicial) que resuelva su situación en un tiempo prudencial, caso contrario su potestad persecutoria se extingue, prescribe. No obstante ello, no todos los delitos tienen la misma naturaleza y efectos. Nuestra realidad nos muestra al fenómeno de la corrupción profundamente enquistada en la administración pública y han sido varias las experiencias en las que personas contra las que claramente existieron indicios para su procesamiento se libraron de condenas a través de pedidos de prescripción, dando lugar a la impunidad de tales hechos.

La imprescriptibilidad se presenta como una ley que podría contribuir a la lucha anticorrupción, aunque con un sistema judicial inoperante, sin presupuesto, sin sistemas de prevención o control eficientes y sin especialización de los operadores, poco o nada podremos obtener.


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