Martín Calderón

La propuesta de la bancada de Fuerza Popular para reformar el polémico Decreto de Urgencia 003-2017 –emitido por el Ejecutivo para garantizar el pago de la reparación civil al Estado por empresas corruptas– deja desprotegidos a aproximadamente 20 mil extrabajadores de Odebrecht y a proveedores de esta empresa brasileña en los grandes proyectos que se adjudicó en el Perú.

La iniciativa de la bancada fujimorista fue aprobada en primera votación el pasado 5 de octubre, pero el último jueves generó un intenso debate en el Congreso cuando parlamentarios de otras bancadas alertaron que solo “respaldaría la corrupción”.

El proyecto de ley fue presentado por la congresista fujimorista Karina Beteta en mayo pasado. Luego fue evaluado y aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la también fujimorista Úrsula Letona.

Más de lo mismo

El texto final del proyecto no contempló los cambios que recomendaron varios de los congresistas de distintas bancadas, quienes denunciaron que, tal como estaba redactado, beneficiaría a Odebrecht y a sus consorciadas, entre ellas Graña y Montero; y perjudicaría a miles de ex trabajadores y proveedores de Odebrecht.

“Con dos o tres pequeños cambios casi cosméticos, quieren revestir de legalidad un decreto que tanto hemos criticado todos. Lo único que se está haciendo es respaldar la corrupción, solo busca cuidar la cadena de pagos de los ladrones”, aseguró el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) durante el Pleno del jueves pasado.

“Este proyecto de ley en realidad tendría nombre propio, se llama Graña y Montero”, denunció, por su parte, el legislador Wilbert Rozas (Frente Amplio).

Proveedores de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano –donde la brasileña actuó en consorcio con Graña y Montero y Enagás– aseguraron a La República que efectivamente la propuesta de Fuerza Popular deja el camino libre a Odebrecht y sus asociadas para que no cumplan con todos los pagos que deben realizar.

Por su parte, Michael Valdivieso Neme, representante de los servidores y extrabajadores de Odebrecht, agregó que la empresa brasileña aún debe parte de las liquidaciones de miles de empleados que despidió en los últimos meses.

El cobro de ese dinero no está asegurado a través del decreto 003 ni con las reformas que pretende concretar el fujimorismo con su mayoría en el Congreso.

Sin rumbo

La Comisión de Constitución que preside Letona fue alertada por los propios proveedores de Odebrecht y Graña y Montero sobre las falencias que contenían el Decreto de Urgencia 003-2017 y la reforma que la bancada de Fuerza Popular proponía. Sin embargo, no se consideraron sus aportes.

Ese decreto fue emitido para garantizar que las empresas denunciadas cumplan con pagar reparaciones civiles al Estado. Sin embargo, en la práctica no funcionó porque solo consideraba a empresas sentenciadas o que hayan aceptado que cometieron delitos contra la administración pública o lavado de activos, explicó la congresista Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso) a este diario.

Más de US$ 200 millones deben las empresas

El Consorcio Constructor Ductos del Sur (CCGS), conformado por Odebrecht y Graña y Montero para la ejecución del megaproyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), debe a sus principales proveedores más de 200 millones de dólares.

Entre ellos se encuentran SICIM S.AP., con quien tiene una deuda de más de 150 millones de dólares; a Conduto Perú le debe 38 millones de dólares; y a Elecnor Perú 30 millones de dólares.

“Conduto Perú llegó a destinar 1200 trabajadores y más de 120 equipos para la ejecución de la obra. Ni el decreto ni la reforma anunciada en el Congreso nos garantiza que CCGS vaya a cumplir con el pago”, dijo el representante de Conduto Perú, Patricio Ricaurte.

Por su parte, Graña y Montero aseguró que CCGS cumplirá con los pagos a sus proveedores “cuando el Estado retorne el dinero invertido a la empresa”.


LEAVE A REPLY