Se facilitaría la expedición de permisos a las comunidades nativas.

Para impulsar la competitividad de los productores forestales, en especial de las comunidades nativas y campesinas, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso modificar las normas de simplificación administrativa en los trámites de carácter forestal y de fauna silvestre.

En especial, plantea la exoneración de la presentación del plan de manejo a las comunicades nativas y campesinas que soliciten un permiso de aprovechamiento forestal para la explotación exclusiva de frutos y semillas silvestres.

El objetivo es simplificar procedimientos que estén a cargo de las autoridades forestales y de fauna silvestre competentes, al igual que la captación de recursos mediante el otorgamiento de las modalidades de aprovechamiento que devienen en pagos por derechos de su aprovechamiento.

De ahí que se sugiere modificar el artículo 2 del D. Leg. 1283, que establece medidas de simplificación administrativa en los trámites previstos en la Ley Nº 29763, Ley forestal y de fauna silvestre.

La iniciativa legislativa, además, está destinada a corregir una situación de discriminación en perjuicio de las comunidades nativas y campesinas, que a la fecha son las únicas obligadas a presentar un plan de manejo forestal aprobado por la autoridad competente.

Barreras legales

Esta última situación implica para las poblaciones citadas altos costos de transacción, o directamente restricciones en el uso de recursos forestales, señala la exposición de motivos del proyecto.

El documento agrega que dicha situación también les resulta vulnerable por obligarlos a incurrir en gastos adicionales para la formulación de los planes de manejo, la consideración de los tiempos adicionales en la evaluación que la autoridad forestal realiza del plan de manejo.

La pérdida de los frutos y semillas por ser productos perecibles y las distorsiones en el precio del producto debido a que no se comercializaron oportunamente, entre otros aspectos, añade el documento.

El Poder Ejecutivo, en este sentido, busca crear las mejores condiciones para estas comunidades, a fin de que puedan beneficiarse de los mercados forestales en un ambiente regulatorio que imponga costos bajos mediante permisos mínimos para el aprovechamiento, el transporte y la venta.

Justificación constitucional

El artículo 66 de la Constitución Política señala que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Asimismo, refiere que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. En la actualidad, la legislación de desarrollo constitucional asegura un marco adecuado para el fomento de esta inversión privada.


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