Pretenden cambiar la estructura del proceso para hacerlo más rápido, sencillo y eficaz.

Con la finalidad de coadyuvar a que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes sea ejecutable a tono con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú, una propuesta modificatoria a este cuerpo legislativo se encuentra lista para su aprobación como proyecto de ley por la Sala Plena de la Corte Suprema y posterior presentación al Congreso de la República.

La iniciativa, que apunta a modificar, derogar e incorporar ciertos artículos del Decreto Legislativo N° 1348, que aprobó el referido código, reformaría la estructura del proceso judicial de responsabilidad penal del adolescente para hacerlo rápido, sencillo y eficaz con plazos breves sin dejar de lado el sistema acusatorio garantista.

Así, se regula un proceso de solo dos etapas: una de investigación preparatoria y otra de audiencia única y sentencia. Con ello, se evita la multiplicidad de audiencias, que dilatan el proceso y generan mayores costos al Poder Judicial (PJ), pero sobre todo se posibilita una administración de justicia oportuna, comentó la jueza superior Nancy Coronel Aquino, en diálogo con el Diario Oficial El Peruano.

Se evitará, asimismo, delegar las funciones jurisdiccionales a terceros, que pondrían en peligro la administración de justicia, manifestó la magistrada.

Coronel Aquino, autora de la propuesta modificatoria, indicó también que con esta iniciativa se pretende reducir de cinco a uno el número de jueces para el conocimiento de cada proceso debido a que la carga de procesos de adolescentes infractores en el país no justifica el número de jueces que regula el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para el conocimiento de un solo proceso.

Se pretende, asimismo, reducir los plazos, etapas y actos procesales, estableciendo solo aquellos que resultan necesarios, en observancia de los principios de concentración, economía y celeridad procesal, en virtud de los cuales el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. La actividad procesal se lleva a cabo diligentemente dentro de los plazos establecidos.

Todo ello para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto materia de justicia penal juvenil, explicó.

La iniciativa, de igual modo, reencauza la competencia de los jueces para que los casos de justicia penal juvenil sean conocidos por las salas superiores de Familia o las que hagan sus veces, y por las salas supremas civiles, mediante el recurso de casación.

Deroga, a su vez, los artículos que regulan la posibilidad de que cualquier persona puede arrestar a un adolescente que se encuentre presuntamente en estado de flagrancia en la comisión de un hecho infractor.

También elimina la posibilidad de que el fiscal o juez delegue funciones a un conciliador, mediador o tercero a efectos de que pueda propiciar el acuerdo para la extinción del ejercicio de la acción penal.

“Esto para que tales acuerdos sean realizados por el fiscal de Familia durante la etapa de investigación preparatoria”, comentó la jueza.

La confesión sincera

A criterio de la jueza Coronel, no existe congruencia entre el artículo VII.2 del Título Preliminar del citado código y el cuerpo normativo de este. Según dicho artículo, ningún adolescente puede ser obligado o inducido a declarar o reconocer responsabilidad contra sí mismo, mientras que en el cuerpo normativo se incorporan las salidas alternativas al proceso, como la remisión, el acuerdo reparatorio y la terminación anticipada mediante técnicas restaurativas, para los cuales se requiere básicamente la aceptación de la responsabilidad del adolescente infractor por el hecho y daño ocasionado.

Esto último para superar los efectos negativos de la infracción y prevenir la comisión de otras futuras. Por tanto, la jueza, que en representación del PJ integró el grupo de trabajo interinstitucional que preparó el reglamento del código, considera necesario modificar dicho artículo para incorporar en el Título Preliminar los beneficios de la confesión sincera valorada a favor del adolescente como principio rector.

Apuntes

En la propuesta normativa se modifican los plazos de la medida socioeducativa a límites acordes con los principios y disposición de la mencionada convención.

El adolescente es una persona, sujeto de derechos con protección específica que requiere ser tratado con todas las garantías constitucionales para atender a su peculiar proceso de formación, indicó Coronel.

Especialmente cuando el déficit familiar, cultural, educativo lo han colocado en contacto con el sistema penal, y por eso se requiere una justicia especializada, flexible y de corto plazo, manifestó.


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