Javier Lafuente

La decisión tomó por sorpresa a todo el mundo. El procurador general de México, Raúl Cervantes, presentaba este lunes ante el Senado las conclusiones de un estudio sobre la futura fiscalía independiente cuando, al final de su intervención, anunció su renuncia “irrevocable”. La salida de Cervantes se produce en medio de un profundo debate sobre la creación de la nueva institución, un cambio crucial en el funcionamiento de las instituciones del país. El pase automático de Cervantes de procurador a futuro fiscal, como pretendía el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), había entorpecido la discusión y generado controversia en la oposición y organizaciones de la sociedad civil.

Cervantes, nombrado en el cargo hace un año por el presidente, Enrique Peña Nieto, aseguró que abandona la PGR para no entorpecer la negociación de la futura fiscalía. “Algunos legisladores y políticos han usado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como excusa para no avanzar en aprobación de las leyes”, consideró el ya exprocurador. “A efecto de no detener más las urgentes leyes que México necesita, he decidido enviar al presidente y al Senado mi renuncia irrevocable”, concluyó Cervantes, que será sustituido de forma interina por el subprocurador Alberto Elías Beltrán.

La oposición frontal de diversos sectores políticos, pero sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, han sido determinantes para forzar la salida de Cervantes. Su proximidad a Peña Nieto y su vinculación con el PRI, del que fue legislador durante seis años, pusieron en tela de juicio su independencia. El temor a que no fuese imparcial a la hora de juzgar casos de corrupción vinculados a la actual Administración y que la nueva institución naciese ya viciada, desataron las protestas.

“El objetivo no era que renunciase un procurador, sino lograr una discusión sobre el futuro de la institución. Si la renuncia, lo permite, bienvenida sea. Si no, no se puede considerar una victoria”, argumenta Eduardo Bohórquez. El director de la organización Transparencia Mexicana insiste en que lo importante es alejar el debate de las personas y de los cargos y centrarlo en la institución, en cómo debe ser la futura fiscalía. “Tenemos que lograr que no se vea como un asunto político, sino de Estado”, incide. “El triunfo será la reconstrucción institucional de la PGR, no vetar sino construir”, ahonda la politóloga Denise Dresser.

Hace tres años el Gobierno de Enrique Peña Nieto acordó con la mayoría de fuerzas opositoras, al amparo del Pacto por México, una reforma política que pondría fin a la PGR, el órgano encargado de investigar y perseguir delitos, que depende del Ejecutivo y cuya credibilidad está en entredicho permanentemente. La falta de consenso ha impedido, tres años después, el desarrollo de la ley que prevé dotar al futuro fiscal general de un poder inaudito en México: un mandato de nueve años, tres más que el del presidente e independencia absoluta del Ejecutivo. Además, será el encargado de nombrar al fiscal que combata a la corrupción, una de las lacras que asola el país y, junto a la violencia, la principal preocupación de los ciudadanos. La reforma de 2014 establece el pase automático del procurador al cargo de fiscal, por lo que hubiese correspondido a Cervantes ocupar el nuevo puesto.

El ya exprocurador presentó ante el Senado este lunes las conclusiones de una suerte de hoja de ruta elaborada por la PGR junto a otras instituciones, entre ellas el centro de estudios jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el informe previo, presentado en febrero, Cervantes recalcaba la necesidad de que el nuevo modelo tenga total autonomía y evidenciaba las deficiencias actuales, entre ellas, el nulo esfuerzo destinado a la capacitación de los funcionarios y los salarios poco competitivos, que lejos de incentivar su trabajo, los condiciona a realizar labores ateniendo a los intereses ajenos. Las conclusiones del nuevo informe serán presentadas la próxima semana.

De forma paralela, dos asociaciones que aglutinan a unas 300 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la patronal empresarial Coparmex, se han movilizado como hacía tiempo no se recordaba en México. La creación de un nuevo sistema de procuración de justicia asoma al país ante un desafío inédito, una catarsis. Y el tiempo apremia. Estas organizaciones confían en sacar adelante la normativa antes de final de año o, al menos, antes de las presidenciales del próximo año y evitar que se convierta en moneda de cambio electoral. Para lograr sacar adelante la nueva normativa se necesita una mayoría constitucional, es decir, un gran acuerdo entre todos los partidos. “No lo podemos conseguir sin el PRI, como tampoco el PRI puede lograrlo solo”, puntualiza Bohórquez.

La Procuraduría ha estado en el punto de mira de todas las críticas por su proceder en algunos de los escándalos más graves del sexenio, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o los que afectan directamente a los exgobernadores Javier Duarte y Roberto Borge; también por la lentitud en la investigación de las ramificaciones del ‘caso Odebrecht’ en México. En el caso particular de Cervantes, su imagen quedó también dañada al conocerse que matriculó un Ferrari en una casa deshabita de Morelos, un Estado próximo a la capital, donde no es necesario pagar el impuesto de Tenencia, algo que el actual procurador atribuyó a un “error administrativo”.