Lic. Hugo Amanqui Chaiña

El Congreso es un poder del estado que expresa la soberanía del pueblo y refleja el pluralismo político y social de la Nación, por lo que adquieren legalidad y legitimidad de origen, quienes son elegidos. Encarnan por tanto, al poder constituido por la voluntad popular y tiene por funciones específicas, expedir normas de acuerdo a los procedimientos constitucionales, controlar el ejercicio del poder, fiscalizar los actos de los gobernantes y ejercer representación política. En el Perú, el primer Congreso Constituyente se instaló el viernes 20 de septiembre de 1822 en una ceremonia que se desarrolló en la capilla antigua de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus primeros integrantes fueron 71 representantes, siendo su trabajo inicial la redacción y aprobación de la primera Constitución Política que fue promulgada el 12 de noviembre de 1823.

Desde su instalación hasta hoy, año 2011, han transcurrido 189 años, en los cuales este poder del estado, tuvo una frágil institucionalidad, tal como sucedió con nuestra república. Hubo recesos, interrupciones, golpes de estado, lo que en ocasiones motivó que el Parlamento se instale y sesione fuera de Lima. Sin duda que tuvo brillantes tribunos, juristas, oradores y polemistas que la historia legislativa no ha resaltado. Por supuesto que también el legislativo tuvo representantes repudiables e impresentables que no hicieron honor a su denominación de “Padres de la Patria”. Hoy en el siglo XXI, el Parlamento que merecería tener amplio respeto y prestigio institucional por parte del soberano, lamentablemente en imagen ante la opinión pública, cada vez está más devaluado por múltiples razones que no viene al caso enumerar.

El Congreso requiere por tanto de una reforma profunda, a nivel constitucional y reglamentario, no solo institucionalmente, sino también de sus nuevos inquilinos. Esas auto reformas deberían ser promovidas hoy por su Presidente Daniel Abugatas, ya que habitualmente al iniciar el quinquenio parlamentario, hay cierta predisposición política para hacer y aceptar los cambios, lo que no sucede posteriormente. Por lo tanto, urge se efectúen modificaciones constitucionales al poder legislativo, las cuales podrían contribuir a recuperar su prestigio en el futuro. Entre las ellas, las más importantes serian a mi juicio, las siguientes: 1.- Restringir la inmunidad parlamentaria. Esa protección constitucional ha permitido abusos de legisladores que rehúyen procesos judiciales con la complicidad de sus bancadas y de algunos padres de la patria que difaman y calumnian gratuitamente a honorables ciudadanos o a sus pares, amparándose en su inmunidad, lo que ha devenido en un privilegio impropio del siglo XXI el cual debe revisarse en forma impostergable.

2.- La revocatoria del mandato parlamentario. En un estado constitucional de derecho, todo lo que se crea, se puede cambiar, respetando obviamente los procedimientos y plazos establecidos. En una democracia tampoco hay vacas sagradas y lo que el pueblo elige, el soberano lo puede cambiar, por lo que en el primer poder del estado, solo deben estar los legisladores más eficientes, más productivos y con comportamiento intachable. La elección popular no puede constituir un cheque en blanco a favor de los legisladores por cinco años y mantenerlos aunque sean improductivos e incapaces. 3.-Debería eliminarse el artículo 90 de la Constitución que señala que los candidatos a vicepresidentes puedan ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso, al igual que en el artículo 92, el cual señala que el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de Ministro de Estado. No puede servirse a dos poderes estatales a la vez. Ambos cargos son incompatibles y reñidos con la función y ética pública. O se es congresista o es Ministro a tiempo completo, pero ambos cargos no pueden mantenerse paralelamente, ya que un poder representa al ejecutivo, que ejecuta lo que el gobierno prioriza, pero el otro cargo es de fiscalización por naturaleza, por lo que un parlamentario no puede ser juez y parte en un quinquenio. Eso desprestigia a la institución legislativa y debería modificarse.

4.- El mandato legislativo debe ser renunciable. No puede mantenerse en el parlamento a legisladores que no tienen voluntad, ni interés de permanecer en el primer poder del estado tal como sucedió con el Congresista Javier Valle Riestra. Así como hay libertad amparado en el derecho de participación ciudadana para postular al Parlamento, también debería haber libertad para renunciar al cargo por razones previamente establecidas. 5.- Debería permitirse a futuro que postulen al Congreso representantes de organizaciones cívicas o sociales en frentes con personería jurídica reconocida para evitar que los partidos incorporen en sus listas solo a candidatos que ofrecen dinero para financiar campañas, postergando a legítimos representantes de sectores sociales, productivos o profesionales. 6.- Urge asimismo, que el Congreso ejercite un control político más severo a las normas que emite el poder ejecutivo lo que obligaría a revisar la Constitución sobre la delegación de facultades cuando se trata de decretos legislativos o poner parámetros más precisos cuando el ejecutivo emite decretos de urgencia. Desde el año 1994 hasta el año 2011, los gobiernos de turno emitieron más de 1,300 decretos de urgencia y más de 1,000 decretos legislativos, abusando o interpretando erróneamente la denominación de “medidas extraordinarias o interés nacional”. El caso emblemático fue del Baguazo cuyo trágico saldo nos dejo 32 muertos donde el papel del Parlamento fue muy deplorable e incumplió su rol constitucional ya que oportunamente no ejerció control político.

En el reglamento legislativo, también deberían darse algunas modificaciones urgentes: 1.- Debería publicarse obligatoriamente y en forma mensual, el reporte de asistencia de todos los legisladores para que la ciudadanía esté informada del trabajo diario de los Congresistas y evitar abusos y excesos de los padres de la patria. 2.- Debe limitarse el número de licencias a los legisladores ya que es vergonzoso que en ocasiones las sesiones del pleno del Parlamento solo haya 70 u 80 legisladores de los 120 integrantes del Congreso. 3.- El Parlamento debería consultarle al pueblo una vez al año cuales son las leyes que con prioridad les gustaría que sean debatidas y aprobadas. Con frecuencia es la junta de portavoces la que define la agenda legislativa anual de acuerdo a sus intereses políticos, económicos y sociales, pero en ningún momento es consultado el pueblo. Consultarle al soberano no solo legitimaría al Parlamento, sino que también le permitiría fomentar la participación ciudadanía y la transparencia en sus actos. 4.- Es necesario también que todas las sesiones del pleno del Parlamento se transmitan en vivo y en directo por el canal del estado o la emisora estatal, ya que muchos de los debates parlamentarios para aprobar, derogar o modificar leyes o artículos constitucionales, merecen ser conocidos por la población para saber cómo participan las bancadas políticas y nuestros legisladores en cada tema especifico, incluida la labor de fiscalización. O el parlamento se auto reforma o continuará con su desprestigio que esa institución debería evitar por ser un poder del estado peruano.


· Artículo de Opinión que gano el segundo puesto en el Concurso Nacional de Periodismo y Publicidad 2011 que convocó el Congreso Nacional de la República, el Instituto de Prensa y Sociedad del Perú y la Agencia Española de Cooperación Internacional.

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