La inmunidad parlamentaria se encuentra prevista en el último párrafo del artículo 93 de la Constitución Política el Perú, que precisa que los Congresistas:

“No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente (…) a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución, la inmunidad parlamentaria es una garantía procesal penal de carácter político atribuida a los congresistas que impide que sean detenidos y procesados penalmente, sin la aprobación previa del Parlamento. Ello, con el fin de evitar detenciones o procesos penales que, sobre razones estrictamente políticas, pretendan perturbar el normal funcionamiento del Congreso o alterar su conformación (1).

Entonces, de acuerdo con el TC, la finalidad de la inmunidad parlamentaria está destinada fundamentalmente a la constitución y funcionamiento del Congreso, por ello, no se la puede considerar como un derecho o prerrogativa individual de los congresistas, sino como una garantía institucional que protege la función congresal y al propio Parlamento (2).

Características de la inmunidad parlamentaria en el Perú

Inmunidad de proceso y arresto

La inmunidad parlamentaria incluye dos aspectos de protección: inmunidad de arresto y de proceso, las cuales impiden que un congresista pueda ser sometido a un proceso judicial penal o ser apresado sin aprobación de Congreso (con las excepciones arriba referidas). Así la inmunidad no impide que se les investigue, por ejemplo, en el ámbito policial o de la fiscalía.

Restringida al ámbito penal

El Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, señala expresamente, en su artículo 16, que:

“La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra (…)”.

Así, la garantía institucional de la inmunidad parlamentaria es legítima cuando a un congresista se le pretenda someter a un proceso penal y respecto a delitos comunes (3). En consecuencia, aquella no protege a los parlamentarios ante procesos civiles, laborales, etc.

Límites temporales

Un primer límite temporal es el prescrito en el artículo 16 del Reglamento del Congreso que señala que la inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra:

“(…) procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden”.

Así, cualquier persona con procesos penales iniciados no puede evadirlos si eventualmente es elegida congresista con posterioridad a su inicio.

Un segundo límite temporal lo constituye el periodo durante el cual los congresistas no pueden ser procesados ni apresados. Este periodo va desde el momento que son elegidos (es decir, cuando el Jurado Nacional de Elecciones – JNE declara oficialmente a los congresistas electos) hasta un mes después de que los Parlamentarios cesan en sus funciones.

El procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria

Para que a un Congresista se le levante la inmunidad parlamentaria y pueda ser procesado penalmente y/o apresado por delitos cometidos con posterioridad a su elección, es necesario seguir el procedimiento establecido en el artículo 16 del Reglamento del Congreso, el mismo que resumimos a continuación:

  1. La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice a tramitar un proceso penal en contra de un congresista se fórmula por una Comisión conformada por Vocales Titulares de la Corte Suprema de Justicia designada por su Sala Plena. Aquella evalúa que la solicitud de levantamiento de fuero se presente al Congreso acompañada de una copia autenticada de los actuados, tanto en la investigación policial, fiscal y judicial; respecto del o de los supuestos delitos en los que estaría involucrado el congresista. Dicho informe se presenta por escrito, acompañado de la solicitud de levantamiento de fuero, al Congreso de la República.
  2. Recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la pone en conocimiento de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, compuesta por cinco congresistas elegidos por el Pleno del Congreso, con el voto de la mitad más uno de su número legal.
  3. La Comisión, sin referirse al fondo del asunto, tiene un plazo de cuatro días útiles para admitir la solicitud de levantamiento de inmunidad o, según sea el caso, pedir a la Corte Suprema de Justicia que se subsanen los defectos o vicios procesales de dicha solicitud y sus anexos. La Comisión evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria.
  4. Admitida la solicitud, el Presidente de la Comisión convoca a sesión dentro de los tres días hábiles siguientes y cita al congresista para que ejerza personalmente su derecho de defensa. Se señalarán dos fechas con intervalo de un día para el ejercicio del derecho de defensa del parlamentario, su inasistencia no suspende el procedimiento. En el supuesto que el congresista se allane por escrito al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, la Comisión dictaminará, en un plazo máximo de tres días hábiles siguientes al allanamiento, aprobándolo o rechazándolo.
  5. La Comisión dictamina en un plazo máximo de quince días útiles, contados a partir del día siguiente de la realización de la sesión en la que se citó al congresista denunciado para su defensa.
  6. Dentro de los dos días hábiles de emitido el dictamen por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el Consejo Directivo del Congreso lo consignará en la Agenda del Pleno de la sesión siguiente a la fecha de su recepción a fin de someterlo al debate y votación correspondiente, la cual podrá realizarse en la misma sesión o a más tardar en la subsiguiente, a criterio del Presidente del Congreso.

Además, el congresista aludido en la solicitud de levantamiento de la inmunidad tiene derecho a utilizar la palabra hasta por 60 minutos en su defensa, en cualquiera de las instancias; recibir oportunamente el dictamen respectivo y la transcripción de las intervenciones que realice; así como ser asistido por un letrado.

El levantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más uno del número legal de congresistas y lo resuelto es comunicado a la Corte Suprema de Justicia.


(1) Ver fundamento 5 de la sentencia del TC del expediente núm. 0006-2003-AI/TC.

En: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00006-2003-AI.html

(2) Ver fundamento 15 de la sentencia del TC del expediente núm. 0026-2006-PI/TC.

En: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00026-2006-AI.html

(3) Decimos delitos comunes porque para los delitos de función (aquellos que se cometen en ejercicio de sus funciones) existe un procedimiento especial: la acusación constitucional.


Fuente: http://reflexionenelcongreso.blogspot.pe

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