Elizabeth Prado

Javier Fernández-Concha habla de conflictos sociales y de estrategias para atenderlos. Señala las debilidades de las mesas de diálogo y cómo van a cumplir con los numerosos acuerdos que tiene el Estado con las comunidades. Dice que negar la ejecución de un proyecto que puede desarrollar el país y a la población debe ser evaluado cuidadosamente.

¿Cuál será su estrategia para solucionar los conflictos sociales?

Es un tema complejo en el que se ha venido implementando estrategias de solución. Tenemos hoy día tres posiciones: una radical que dice intervención policial, intervención militar. Hay otra posición, también radical, que dice que cesen las actividades económicas que generan conflictividad. Y en el medio se construyeron las famosas mesas de diálogo. Pero

Por qué?

Por la gran demanda social existente y la lucha por recursos económicos. Se han venido trasladando a las mesas de diálogo en vez de que cada sector comience a cumplir con esas demandas.

¿Cuántas mesas de diálogo hay en este momento?

Hay 196. Las mesas de diálogo se han comenzado a agotar porque tienen acuerdos que no se han cumplido. Les corresponde hacerlo a cada sector y también a los sectores privados.

¿Qué harán, entonces?

Necesitamos una estructura más fuerte que es el acercamiento del Estado a la población. Un Estado imparcial, eficiente, que permita a los niveles de gobierno cumplir con las demandas sociales. Vamos a hacer un mejor diagnóstico de las demandas sociales y una mayor y eficiente presencia como gobierno y como Estado.

Usted fue gerente general de la minera Sulliden Shahuindo. ¿Podrá dar una imagen de imparcialidad?

Hoy trabajo para el sector público, la camiseta que tengo y mis objetivos son del Estado. Toda mi energía y toda la experiencia que tengo la voy a dar en la construcción del modelo que le estoy diciendo.

¿Qué hará el Gobierno para cumplir con sus muchísimos compromisos como los de Cotabambas y Loreto?

Estamos haciendo un inventario de compromisos para identificar cuántos hay, qué validez tienen y cuándo vamos a poder cumplirlos. Queremos priorizarlos en función a los impactos en la población.

¿Qué significa que los compromisos tengan validez?

Que hay compromisos que son muy genéricos como cuando se dice: vamos a mejorar la educación. Quizás, en vez de construir más escuelas se requieren mejores profesores. Hay un embalse de planes que no están claramente estructurados y que vamos a ordenar.

Un juzgado constitucional ha anulado el contrato de exploración y explotación del Lote 116 porque no hubo consulta previa. Esto puede generar casos similares. ¿Lo han previsto?

La consulta previa es un medio y no un fin en sí misma. Lo que hace es informar a la población de los cambios e impactos que puede haber. Es un derecho fundamental, pero es uno de los medios que puede emplearse, no es el único.

Hay que buscar el consentimiento de los pueblos indígenas, lo dice la ley.

Lo que se busca es la información y un consenso. Si no hay un consenso, lo que hace el Estado es tomar una decisión.

Ahí volvemos al conflicto.

Por eso le digo, el Estado debe que tener una presencia antes de que se haga la consulta previa. Hoy día se va a zonas donde el Estado no tiene presencia y obviamente la población va a tratar de poner todas sus demandas sociales en esta consulta previa. La población tiene que entender que es un mecanismo bueno, y el sector privado también tiene que entender que sirve para generar una relación humana en el desarrollo de un proyecto.

¿La zonificación económica y ecológica del país sigue siendo una papa caliente?

Porque es un tema muy complejo. El territorio no está vacío, ya tiene actividades, tiene zonas urbanas, económicas, ecológicas. Entonces, comenzar un ordenamiento de cero es bien complejo. Esto tiene que ir de la mano de una planificación y con una visión de desarrollo, con un modelo económico de gobierno y de Estado. Debería ser una función natural del Ceplan.

La gente defiende las cabeceras de cuenca…

También es un tema de discusión. Hay veces que utiliza el discurso ecológico para una confrontación económica y de modelos de sistemas políticos. He escuchado varias posiciones sobre lo que es cabecera de cuenca, sobre los impactos y cómo se pueden mitigar.

¿La criminalización de la protesta ha dado resultados?

Hay un orden jurídico basado en principios constitucionales, en derechos fundamentales, en derechos a la interculturalidad. Y los conflictos sociales llegados a un extremo son escenario de violencia que no debe ser justificada. Si se implementan mecanismos para que las demandas sociales sean atendidas no existe razón para actos de violencia. Y esta, venga de donde venga, debe ser sancionada por el Estado.

¿Cómo abordarán los casos Conga y Tía María?

Conga tiene ya una decisión empresarial; aparentemente no es factible económicamente.

Pero permanece allí.

Sí, pero según la empresa, el proyecto no va. Lo que vamos a hacer es un diagnóstico propio para saber las causas que generaron la conflictividad, proponer estrategias y recomendaciones. Negarle desarrollo a una actividad que puede tener un impacto importante en la población y en el país debe ser evaluado cuidadosamente.

La oposición es férrea.

Quiero tener mi propio diagnóstico. Ver si hay una agenda que tiene impacto social importante o son agendas particulares. Lo que se busca es el desarrollo del país y de la población. Si esta es la agenda y cumple con los requisitos, no habría problemas para que un proyecto se realice. Pero si hay problemas más estructurales, tendríamos que evaluarlo.

Eso suena un poco a que se ingresará a como dé lugar…

No. Nunca vamos a entrar a como dé lugar, eso no es sostenible. Hay que construir una relación, convertirse en buen vecino con una empresa con rostro humano, y tener un Estado más presente.


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