Proponen modificar la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones a las víctimas de la violencia terrorista. Así, se contempla incluir a los agraviados por violencia sexual en todas sus formas, tales como esclavitud sexual, unión, embarazo, aborto, prostitución y esterilización forzada, tortura en mujeres embarazadas, entre otras. Más detalles aquí.

Las personas que sufrieron alguna forma de violencia sexual durante la época del terrorismo deberán ser consideras dentro del Plan Integral de Reparaciones. Así, se incluiría a las víctimas de esclavitud sexual, unión forzada, embarazo forzado, aborto forzado, prostitución forzada, esterilización forzada, tortura en mujeres embarazadas y tortura en órganos sexuales.

Esto es lo que propone el Proyecto de Ley N° 923/2016 CR, presentado el 1 de febrero, en el cual se plantea modificar los artículos 3 y 6 de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones.

Dicha norma establece el marco normativo para la reparación a las víctimas del proceso de violencia ocurrido por los actos terroristas en nuestro país en el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000. En ese sentido, se pretende modificar los artículos referidos a la definición de víctima (art. 3) y beneficiarios individuales (art. 6) para incluir los supuestos de violencia sexual antes señalados.

Como se recordará, el texto actual del artículo 3 de la Ley N° 28592 señala que son consideradas víctimas las personas o grupos de personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los Derechos Humanos, tales como desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual o muerte, así como a los familiares de las personas muertas y desaparecidas.

Por otro lado, el literal b del artículo 6 establece actualmente que las víctimas directas comprende a aquellos desplazados, las personas inocentes que han sufrido prisión, los torturados, las víctimas de violación sexual y los secuestrados. También se consideran víctimas directas a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú e integrantes de los comités de autodefensa y autoridades civiles heridas o lesionadas en acciones violatorias de los Derechos Humanos durante mayo de 1980 a noviembre de 2000.


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