Una propuesta normativa para regular la  declaración jurada de intereses, ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos con el propósito de convertirla en una herramienta eficaz de prevención de la corrupción que permita detectar posibles conflictos de interés en la administración pública elaborará la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en 45 días hábiles.

Ese grupo de trabajo llevará a cabo esa tarea junto con otras instituciones, como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Con ese objetivo, en la última sesión de la CAN, los miembros de esta comisión acordaron formar un subgrupo de trabajo, que se instaló formalmente con la participación de representantes de las referidas instituciones.

En su primera reunión se acordó incorporar a Proética como miembro de este subgrupo; además, se invitará a otras entidades, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Al culminar su labor, el subgrupo de trabajo presentará la propuesta normativa ante el pleno de la CAN para que la apruebe y, posteriormente, la derive al Congreso de la República como un proyecto de ley, mediante la intervención de uno de sus miembros con iniciativa legislativa.

Respecto a la declaración jurada de intereses, existe un anteproyecto elaborado por la CAN y un proyecto de decreto legislativo, desarrollado por el Minjus, que serán insumos importantes para redactar la propuesta normativa.

En cuanto a la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, existe la Ley Nº 30161, modificada por la Ley Nº 30521, que no rige porque no se aprobó su reglamento.

Trascendencia

A criterio de la CAN, resulta importante contar con un marco legal que permita una mayor eficiencia en la supervisión de los ingresos, bienes, rentas e intereses de los principales funcionarios y servidores públicos, y que incorpore, además, la utilización de las nuevas tecnologías para contrastar y supervisar de manera efectiva la información proporcionada.

El objetivo es contar con un sistema articulado y coordinado entre diversas instituciones para prevenir los actos de corrupción, así como los conflictos de intereses en el Estado, acorde con los estándares internacionales, informó la CAN.

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