Martín León Espinosa
Redactor de Política

Una vez culminado el plazo de las facultades legislativas del Ejecutivo, el debate se ha enfocado en el contenido de algunos de los 112 decretos emitidos por el Gobierno, así como en su legalidad.

Si bien el Ejecutivo solicitó facultades en cinco materias (reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petro-Perú), hay decretos en los que se legisla sobre otros temas, como salud, pesca o energía y minas, por ejemplo.

En los decretos de sectores como los mencionados, el Gobierno justificó su elaboración en el literal H del punto de la ley de las facultades que detalla sobre qué iba a legislarse en reactivación económica y formalización. El literal se refiere a la simplificación administrativa [ver ¿Qué dice la norma?]. En total, 39 normas aluden a ese literal. Es decir, más de un tercio del total de decretos.

En ese grupo de normas hay nueve firmadas por la ministra de Salud, Patricia García. Entre esos decretos figura el del paso del INEN al Minsa, uno de los que más opiniones encontradas ha generado en los últimos días.

El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular), consideró que el literal H ha sido el “cajón de sastre” del Ejecutivo. Recalcó que, cuando se otorgan facultades legislativas, es por “un ámbito limitado”, por lo que “las interpretaciones laxas no corresponden”.

La encargada del subgrupo de la Comisión de Constitución que revisa las normas, la congresista Úrsula Letona, también consideró que el literal H se ha usado muchas veces. “Del texto [de los decretos] son muy pocas las veces en las que se hace el ‘match’ entre el H y la función sobre la que se está legislando. Ese es el problema”, acotó.

Letona dijo además que su grupo revisa “caso por caso” para determinar la legalidad de los decretos que se justifican en el literal H, así como los otros 73 emitidos por el Gobierno. Para esa labor se analizarán las exposiciones de motivos de cada norma. Se supo que también se tomarán en cuenta declaraciones y exposiciones que los ministros han hecho sobre los decretos.

Desde el fujimorismo han dicho que pondrán especial énfasis en los decretos referidos al sector salud.

La vicepresidenta y congresista oficialista Mercedes Aráoz no cree que el Gobierno se haya sobrepasado en el uso del literal H para legislar. “Hemos usado el inciso […], justamente para poder facilitarle la vida al ciudadano. Ese era el propósito”, destacó.

Lo que Aráoz sí reconoció es que durante los 90 días que tuvieron las facultades legislativas “hubo temas que incorporamos [en el camino]”, como las conclusiones de la llamada comisión de integridad.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, dijo en una entrevista con “La República” que los decretos se ajustan a derecho, pero que si se deroga alguno (puede ser en parte o en su totalidad), el Ejecutivo presentará proyectos de ley.

La primera prueba de análisis será el próximo jueves 19, cuando la Comisión de Constitución discuta los primeros informes sobre los decretos elaborados por el grupo de Letona.

—¿Qué dice la norma?—
El literal H del numeral 1 del artículo 2 de la ley de las facultades señala lo siguiente:

– Modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objetivo de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas a cabo.

– Emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno, incluyendo simplificación administrativa de los procedimientos relativos al patrimonio cultural.

– Dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos.

– Aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno.

– Autorizar la transferencia de programas sociales mediante decreto supremo.

– Dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano.


LEAVE A REPLY