Jan Martínez Ahrens

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido la plena entrada en vigor del tercer veto migratorio emitido por el presidente Donald Trump. La medida, que ya había sido validada en gran parte hace dos semanas por una corte de apelación, despeja las últimas dudas sobre la aplicación de una orden que establece fuertes limitaciones de entrada a los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte, y en menor grado Venezuela.

El veto fue anunciado en septiembre y tenía como fin sustituir al anterior, que solo tuvo tres meses de vida. Su puesta en práctica estaba prevista para el 18 de octubre, pero fue recurrida y un juez de primera instancia de Hawái la paralizó. El argumento era su sesgo islamófobo así como una interpretación competencial que considera que un presidente no tiene capacidad para vetar a países enteros. La Administración Trump impugnó y un tribunal de apelaciones le dio la razón hace dos semanas, aunque con una limitación importante: sólo podía negarse la entrada a los ciudadanos de los seis países de mayoría musulmana sin vínculos familiares o personales con EEUU. Ahora, el Supremo considera que se debe aplicar en su totalidad la orden a la espera de que las cortes inferiores resuelvan el caso.

No es la primera vez que el alto tribunal falla a favor del veto migratorio. Ya lo hizo en junio con la segunda versión bajo el argumento de que el interés nacional debe prevalecer sobre el posible daño que pudiese causar la prohibición a los viajeros y refugiados. En el caso de hoy, no ha facilitado sus razonamientos.

El tercer veto migratorio es una versión muy rebajada respecto a los dos primeros. En la selección de los ocho países, la Casa Blanca sostiene que ha evitado cualquier prejuicio y que se ha basado en el peligro que estas naciones entrañan para la seguridad nacional, la fiabilidad de los pasaportes y documentos de identidad, y la fluidez en el intercambio de información sobre sospechas terroristas y antecedentes criminales. A cada país se le ha atribuido unas limitaciones distintas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela sólo afecta a miembros del Gobierno, mientras que en el de Irán el veto es casi absoluto. Los jueces de primera instancia que han dictaminado en contra sostienen, sin embargo, que se trata de un filtro desproporcionado y que carece de sustento jurídico. Hasta la fecha, el Supremo, de mayoría conservadora, se ha mostrado más proclive a los argumentos de Trump que a los de sus adversarios.


 

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