Jorge Loayza

Fuerza Popular parece el partido político menos interesado en el Congreso en cambios importantes a la legislación electoral. Los principales motivos serían las modificaciones en el financiamiento, mayor fiscalización y sanciones más drásticas.

La agrupación de Keiko Fujimori ha tenido fuertes cuestionamientos en las últimas elecciones presidenciales por aportes poco transparentes.

El congresista del Frente Amplio, Alberto Quintanilla, sostiene que Fuerza Popular quiere mantener una legislación electoral difusa para que no haya ningún control sobre los fondos que ingresan a los partidos. “Quieren seguir recibiendo plata sin justificar origen ni bancarizar”, expresó.

En los comicios del 2011, el fujimorismo informó aportes de campaña por más de 17 millones de soles, mientras que el 2016 fueron 14 millones 600 mil soles. Una modalidad que usó en estas elecciones fue recaudar fondos por actividades proselitistas, como rifas, sorteos y cocteles, lo que se presta al ingreso de recursos de fuentes que no quieren ser identificadas por su presunto carácter ilegal u oscuro.

El fujimorismo reportó el 2011 unos 2 millones 616 mil soles de aportes por actividades proselitistas, que representó el 15% del total; mientras que el 2016 obtuvo por este concepto 4 millones 599 mil soles, el 31% de sus recursos.

El 2011, el partido de Keiko Fujimori informó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que vendió 160 mil 631 boletos de una rifa a 10 soles cada uno sin identificar quiénes los compraron. De esta manera lograron reunir 1 millón 606 mil soles.

Asimismo, en la campaña del 2016, Fuerza Popular reportó 710 mil 419 soles producto de un coctel. También recibieron 65 mil dólares de la ONG LVF Liberty Institute, la cual fue constituida en Estados Unidos para transferirle dinero para los comicios.

Más fiscalización

En ese contexto donde se necesitan reglas claras para el financiamiento de los partidos, el vocero fujimorista Luis Galarreta no mencionó el tema como una prioridad.

El informe del Grupo de Trabajo de la Reforma Electoral plantea que los partidos políticos solo puedan captar fondos por actividades proselitistas hasta por 60 UIT (S/243,000 al valor actual) y con los aportantes debidamente identificados.

Un asunto que causaría más preocupación en el fujimorismo es la propuesta para una mayor fiscalización de los fondos partidarios, mediante la cual la ONPE remitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la relación de los dirigentes, candidatos, tesoreros, administradores de campaña, contadores y aportantes, para su fiscalización.

Sin embargo, el congresista Vicente Zevallos (PPK) señala que tal como se está conduciendo la reforma apunta a que solo se harán parches y no cambios integrales. Así, las modificaciones que tanto se necesitan solo quedarían como propuestas.


LEAVE A REPLY