Nadie puede negar las bondades de la Constitución de 1991, que dejó de ser un buen discurso político para convertirse en ‘valorativa y normativa’. No impone un modelo de desarrollo, pero sí incluye una función de bienestar, define que todos los colombianos tienen unos derechos por el hecho de ser, y que el Estado debe garantizarlos gradualmente, de acuerdo con sus posibilidades reales. No se trata de que el Ejecutivo se limite a dar limosnas a los pobres, sino que ellos tienen derecho a demandar, por lo menos, el mínimo vital.

La Carta Magna del país tiene 20 años y muchas cosas han cambiado. Nadie olvida que Fernando Carrillo impulsó la famosa papeleta ni que el ex presidente Gaviria convocó la Constituyente que, compuesta por un número importante de colombianos elegidos por el pueblo, le dio luz a esta Constitución. Horacio Serpa, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wollf hoy reciben el agradecimiento del país por su labor y por haber demostrado que la armonía en busca de un bien común sí es posible. Parece increíble que sólo hasta ahora aparece el nombre del ex presidente Virgilio Barco, el primero que lanzó la idea, y el ex presidente Gaviria ha debido reconocer desde el principio que: “el ex presidente Virgilio Barco propuso en 1988 iniciar un proceso para reformar totalmente la Constitución de 1886, la cual durante su siglo de vida había sufrido sucesivas reformas parciales; según Barco, se requería de una reforma más profunda para sentar las bases de un nuevo acuerdo político en el país”.

Pero es fundamental hacer un alto en el camino y, como dijo Monseñor Beltrán en Bucaramanga, ‘relanzar el espíritu’ de la Constitución que define a Colombia como un Estado Social de Derecho. ¿Y por qué relanzarlo? Porque no obstante la tutela y la ampliación de la cobertura en salud que señala el ex presidente Gaviria, la verdad es que este país está muy lejos de cumplir con ese mandato constitucional. Basta con mirar a los damnificados por el invierno, a los desplazados, a las otras víctimas y a todos ellos que conforman el 45,5 por ciento de la población colombiana que son pobres, y al 16,7 por ciento que son indigentes. ¿Son derechos las Familias en Acción y otras similares? o ¿la educación pobre para que vayan a la escuela, pero no terminen los ciclos básicos por hambre, necesidad de generar ingresos o la precariedad de sus vidas; o para que si asisten no aprenden nada, mientras los hijos de los ricos compiten en Harvard? Ex presidente Gaviria, de qué derecho a la salud se puede hablar cuando lo que recibe más del 60 por ciento es atención básica y catastrófica, pero nada de lo que realmente se necesita: prevención y atención intermedia. Pero eso sí, los que pueden pagar por ella pocas veces necesitan ir a Mount Sinai en Nueva York. Por eso la salud en Colombia se ha convertido en un sistema de enfermos que finalmente se mueren. No es válido el argumento de la mayor expectativa de vida. Toda la población mundial está viviendo más años, en gran parte porque el acceso a los avances científicos no está sujeto necesariamente a los ingresos de un país.

El modelo económico que el gobierno Gaviria implementó al mismo tiempo y que continúa, entró en contradicción con los mandatos constitucionales. Mientras la Constitución pedía que el Estado respondiera por los Derechos económicos, sociales y culturales (Desc), el modelo Gaviria le daba un gran papel al mercado con Ley 100. La mayor tarea quedó pendiente: volver a Colombia no un país con la mitad de la población convertida en mendigos pidiendo dádivas del Gobierno, sino lograr una nación de ciudadanos que le exigen al Estado que se les cumpla de manera creciente con sus derechos fundamentales. Por eso, el discurso del Gobierno no responde a los verdaderos principios liberales así haya apoyado la Ley de Víctimas. El Ejecutivo falló; no asumió la responsabilidad de definir el contenido de dichos derechos de manera que no sean sólo las tutelas. Los Desc son universales y las tutelas los vuelven personales.

Monseñor Beltrán dejó las siguientes preguntas: ¿Dónde estaba el Estado cuando crecía la corrupción: fuera o dentro de la misma? Y afirmó que “la corrupción es mala, pero peor cuando el Estado se corrompe”. Si la juventud no participa, ¿de quién es la culpa? “Hubo quiebre total de los valores y la mediocridad de la clase política generó angustia en los jóvenes. La culpa es de los adultos, de nosotros”.

Por esto, y mucho más, se requiere ‘relanzar el espíritu’ de la Constitución del 91, hacer del modelo de desarrollo uno coherente con estos mandatos y resolver el mayor problema del país: la desigualdad.

Hay que lograr derechos reales no de papel y replantear a fondo las políticas económicas, que no pueden quedarse en el crecimiento dejando a casi la mitad de los colombianos fuera del progreso, de la política social que debe enfocarse en los derechos, y de la política productiva (no sólo minera) transformando sectores que sí generan empleo como el de servicios y la industria, llenos de informalidad.


Fuente: Cárdenas Lesmes, Rosa María. Portafolio; Bogotá (Jul 7, 2011).

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