El Poder Ejecutivo publicó el viernes el decreto legislativo que crea el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, como mecanismo para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía y dar mayor información a los justiciables.

Se trata de un registro en donde serán inscritos los abogados que, en el ejercicio de su profesión o cargo público que requirió el título de abogado para su acceso, sean objeto de sanciones por malas prácticas profesionales.

La norma fue emitida al amparo de las facultades que por 90 días delegó el Congreso de la República al Poder Ejecutivo para legislar en materia anticorrupción. Además, establece que la gestión, administración y operación de este registro está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).

El registro es de acceso gratuito al público y registra información, hasta por cinco años, de sanciones vigentes o vencidas, a menos que hayan sido revocadas judicialmente. No obstante, si las sanciones superan dicho periodo, se mantendrán registradas hasta que se culmine su vigencia.

Las sanciones impuestas a los abogados en procedimientos administrativos, disciplinarios, o jurisdiccionales serán comunicadas al Minjus para su incorporación al registro dentro de las 48 horas de emitido el acto.

Se establece, además, que los abogados -que por sanción estén suspendidos de ejercer su profesión o desarrollar patrocinio legal en favor de terceros- se encuentran impedidos, mientras dure la suspensión, de contratar y brindar servicios legales con entidades del Estado.

La norma recuerda que los principios básicos sobre la función de los abogados de las Naciones Unidas establecen que los abogados siempre obrarán de conformidad con la ley y normas éticas, manteniendo en todo momento el honor y dignidad de su profesión.

El dispositivo señala que las malas prácticas de los abogados afectan el derecho al debido proceso previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, además de socavan la confianza y generar incertidumbre en las instituciones de la administración de justicia. Asimismo, dispone, de manera complementaria, que todos los Colegios de Abogados del país implementen un Código de Ética, un Consejo de Ética y un Tribunal de Honor en el plazo de 90 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente norma.

La presente norma lleva las firmas del Jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski; del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; y de la titular del Minjus, María Soledad Pérez Tello.


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