Escribe: Melissa Goytizolo

Por recomendación de la Contraloría General de la República, diez altos funcionarios del Ejecutivo deben ser denunciados por el Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible.

El contralor Edgard Alarcón informó que la auditoría aplicada al proyecto de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco), detectó irregulares con el presunto propósito de favorecer al consorcio Kuntur Wasi.

Entre la decena de funcionarios gubernamentales señalados por la Contraloría se encuentran la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli Aristondo; el director general de Concesiones de Transportes, Yaco Rosas Romero; y la directora general de la oficina de Asesoría Jurídica del MTC, Nancy Zedano Martínez.

También el especialista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes del MTC, Hernán Muñoz Valdivia; la asesora legal de la oficina general de Asesoría Jurídica de MTC, Yanina Hilario Solís; el analista legal de la misma dependencia del MTC, Jonathan de la Cruz Medina; el director general de Política y Promoción de la Inversión Privada del MEF, Camilo Carrillo Purín; la especialista económica de la Dirección General de Concesiones de Transportes, Gianina Beoutis Manrique; y los directores del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), Alfredo Dammert Lira y Antonio Balbuena Vela.

Cuando el proyecto de adenda fue consultado con OSITRAN, la ex presidenta Patricia Benavente Donayre votó en contra de la aprobación, pero le dieron la espalda Dammert y Balbuena. Benavente renunció y dejó por escrito que la adenda largamente era favorable al consorcio Kuntur Wasi.

Fiorella Molinelli fue quien firmó, a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la adenda al contrato con Kuntur Wasi.

Mala jugada

El contralor descartó que los titulares de los portafolios de Transportes y Comunicaciones y de Economía y Finanzas hayan sido señalados en el informe de auditoría.

El cuestionamiento central de la Contraloría a la concesión del aeropuerto internacional de Chinchero es a la adenda que se suscribió el 3 de febrero de 2017 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa Kuntur Wasi. Para el organismo fiscalizador, el acuerdo desnaturalizó el esquema original de Asociación Pública Privada (APP) en que se entregó la concesión a Kuntur Wasi, para transformarse en una obra pública. El cambio favoreció al consorcio y puso en desventaja al Estado peruano. La adenda, como había sido firmada, implicaba una potencial pérdida de 40.6 millones de dólares en perjuicio de los fondos públicos.

“Es irregular la suscripción de la adenda al contrato de Chinchero (porque) modificó las condiciones de competencia que se utilizaron en el proceso de promoción que llevaron a la firma de dicho contrato, tales como: (a) Cambios en el esquema de pagos; (b) Adelanto de pagos; (c) Traslado del cierre financiero; y (d) Garantías otorgadas por compañías aseguradoras”, dijo el contralor Alarcón.

Y añadió: “Se modificó también la asignación de riesgos financieros inicialmente asignados: concedente (el Estado) 28,6% y concesionario (Kuntur Wasi) 71,40%; mientras que la adenda la modifica de la siguiente manera: concedente (el Estado) 80,73% y concesionario (Kuntur Wasi) 19,27%”.

Mediante el mencionado esquema modificado del contrato original, el Estado se convertía en el principal inversor y asumía riesgos que eran de competencia de la empresa privada. Esa no era la idea primigenia.

Corte y confección

Del informe de auditoría se desprende que los funcionarios que intervinieron hicieron una adenda a la medida de Kuntur Wasi.

El contralor Edgar Alarcón recordó que en dos oportunidades los funcionarios del Ejecutivo fueron advertidos de algunas anomalías del contrato. Por ejemplo, el 4 de abril de 2014, la Contraloría comunicó que no se había fijado un plazo para el cierre financiero ni tampoco se fijó un tope para la tasa de endeudamiento.

Y el 12 de octubre la Contraloría recomendó “negociar con el concesionario la tasa de interés del cierre financiero del pago por avance de obra, a fin de buscar un mejor resultado”.

Incluso después de la suscripción de la adenda, el 22 de febrero de este año, la Contraloría dijo que el adelanto de 40.2 millones para el consorcio Kuntur Wasi “representa un riesgo potencial que el concesionario pueda utilizar dicho monto para un fin distinto al previsto”.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo, siguió adelante con el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, e incluso colocó la primera piedra.

“La adenda fue suscrita incumpliendo la normativa que regula las Asociaciones Público Privadas (APP)”, declaró el contralor Alarcón, quien precisó que los funcionarios pudieron haber beneficiado a Kuntur Wasi “pues no velaron que se cumpla con el contrato de concesión, al no acreditar un acreedor permitido ni contar con una propuesta de financiamiento”.

El informe de la Contraloría no desecha el contrato. Plantea una serie de medidas para mejorarlo.

“Disponer las acciones para restablecer las condiciones técnicas, legales y económicas consideradas en la propuesta del postor ganador y del Contrato suscrito. Esto requiere tomar en cuenta la Ley, las bases del concurso, el contrato, las directivas, lineamientos y guías aplicables para la ejecución contractual, en salvaguarda de los intereses del Estado”, indica la auditoría.

Las conclusiones del ente fiscalizador son contundentes: la adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero –tal como se ha suscrito– es ilegal, pues solamente favorece al consorcio ganador, perjudicando enormemente al Estado peruano. Ahora el caso irá a los tribunales.


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