El 2 de noviembre de 2017, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que impide postular a cargos de elección popular a personas con sentencia firme por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, violación a la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, peculado y colusión. El impedimento no aplica para las personas que fueron indultadas.

No obstante, el 28 de noviembre el Ejecutivo observó y envió de vuelta la ley al Parlamento, precisando que la Comisión de Gracias Presidenciales solo considera dos tipos de indulto: el ordinario y el humanitario. De esta forma cuestionaba un artículo que refería que los impedimentos no aplicarán a las personas que reciban “indulto razonado o especial”.

Frente a este cuestionamiento del Ejecutivo, la Comisión de Constitución del Congreso acordó que se allanaría a la observación, con lo cual retiró el apartado y la norma quedó lista para publicarse.

Sin embargo, este procedimiento requería una nueva aprobación del Pleno, algo que hasta hoy aún no ha ocurrido.

Las normas relacionadas con procesos electorales deben publicarse un año antes de la elección para que se apliquen, sin embargo, el Congreso determinó que para las Elecciones 2018 se puedan promulgar leyes hasta un día antes del final del proceso de la convocatoria.

El miércoles 10 de enero es la fecha límite para que se inscriban las agrupaciones políticas que deseen participar en los comicios regionales y municipales del 2018, lo cual marca al martes 9 como el límite para que la ley en cuestión sea ratificada. Ahora existe incertidumbre, pues el Congreso recién sesionará el jueves 11.

Frente a una eventual caída de esta prohibición a condenados, instituciones como Transparencia han mostrado su preocupación, pues ello “dejaría la puerta abierta para que quienes cometieron delitos de especialísima gravedad puedan acceder a cargos en alcaldías y gobiernos regionales.


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