Manuela Zurita

La complicada situación de la corporación Odebrecht en el país y la región alcanza a los proyectos de irrigación Olmos –Tinajones en Lambayeque y Chavimochic III en La Libertad.

Odebrecht es la principal accionista de las concesionarias encargadas de implementarlos. En Olmos, participa a través de Concesionaria Trasvase Olmos y H2 Olmos –en ambos casos conformadas por Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Participações e Investimentos. En Chavimochic, el concesionario es Consorcio Chavimochic, en el que Graña y Montero es el socio minoritario.

Aunque se trata de proyectos similares, la presencia de Odebrecht ensombrece su continuidad de diferentes maneras.

OLMOS
Esta irrigación comenzó a operar en el 2014, luego de que el concesionario terminara de construir la presa Limón y el túnel Trasandino de 18,9 kilómetros, que le permite conducir hasta los valles viejo y nuevo de Olmos agua del río Huancabamba. Actualmente irriga unas 14.343 hectáreas de fundos agroexportadores.

En noviembre, Odebrecht acordó la venta del proyecto a un consorcio formado por el gestor de activos Brookfield y la empresa de energía Suez. Ambas se harían responsables de la operación y mantenimiento de las obras. En particular, Suez entraría para hacerse cargo del componente de generación eléctrica del proyecto.

Sin embargo, ayer el Consejo Regional de Lambayeque –en representación del gobierno regional, concedente del contrato– negó la aprobación de la transferencia. El plazo para esta definición vencía hoy. Se espera que en el transcurso del día se detallen las razones.

Así, lo que surge ahora son dudas sobre si las empresas de Odebrecht, impedidas hasta nuevo aviso de salirse de Olmos, garantizarán la operación y el mantenimiento de las obras. El propio Proyecto Especial Olmos-Tinajones, ente del gobierno regional que supervisa las obras, duda de la capacidad financiera de las subsidiarias de Odebrecht.

También habría quedado pendiente una aprobación de la transferencia por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que sirvió de soporte financiero para las obras con US$77 millones para el trasvase y US$184 millones para el endeudamiento del proyecto.

Sin embargo, la CAF afirma que no le correspondía opinar. “Solo compete a las autoridades del Gobierno de la República del Perú pronunciarse sobre el devenir de los proyectos”, respondió la CAF a este Diario.

“La principal preocupación del Estado debiera ser que ingrese un operador con credenciales suficientes para manejar el proyecto sin sobresaltos”, afirma Sergio Salinas, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

CHAVIMOCHIC III
Chavimochic III, por otro lado, es la etapa más amplia del longevo proyecto de irrigación ubicado en La Libertad. A fines de los ochenta, su primera etapa mereció una visita conjunta del entonces presidente Alan García y del patriarca Norberto Odebrecht.

Desde diciembre pasado la concesionaria decidió frenar la construcción de la presa de Palo Redondo y los 129 kilómetros de canales que unirán los valles de Moche con Chicama, informó Miguel Orlando Chávez Castro, gerente general del Proyecto Especial Chavimochic, que supervisa las obras.

En este caso, la traba es la firma de una adenda en el contrato del proyecto. La concesionaria pidió al gobierno regional que aprobara una ampliación del costo del proyecto por mayores gastos por US$70 millones y que se amplíe el plazo para la entrega de los terrenos, congelada porque la empresa azucarera Agrícola Chicama reclama propiedad sobre el 82% de las 19.410 hectáreas nuevas de la última etapa.

El concesionario también demandó ampliar el plazo para el cierre financiero y modificar el calendario de ejecución de obras, previsto para culminar en el 2018.

La CAF también financió este proyecto: colocó US$303,8 millones de los US$374 millones que supone la construcción de la presa Palo Redondo. El consorcio se comprometió a invertir US$342 millones, pero según Chávez, aún no ha invertido “ni un sol”.

Aunque la posición oficial del Gobierno Regional de La Libertad es no aceptar el sobrecosto, evalúa dos opciones de destrabe: aceptar una transferencia de acciones de los socios a interesados o resolver el contrato. En este último caso surge el dilema sobre si cabría reactivarlo a modo de obra pública o mediante una nueva licitación, indicó Chávez. La decisión se tomará entre esta y la próxima semana.

En todos los escenarios, se descuenta la retirada de Odebrecht. Por otro lado, Graña y Montero ha incluido este proyecto en la cartera de activos estratégicos que busca vender.

La parálisis del proyecto, mientras tanto, es uno de los factores que mueve a la baja las proyecciones de crecimiento de la inversión y del PBI para este año.


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