La adenda N°1 del proyecto Aeropuerto Chinchero ha llegado a un punto muerto. El Estado estuvo negociando la firma de esta modificación contractual, debido a que buscaba destrabar el proyecto en base a asumir mayores riesgos dentro de la construcción del proyecto.

Sin embargo, su decisión ha sido cuestionada por una comisión del Congreso, lo que detuvo la firma de la adenda programada para ayer martes.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho en un mensaje a la nación que el Estado, de firmarse la adenda, el Estado sólo pagará US$ 529.5 millones, de los US$ 1,120 millones que se tenía pactado inicialmente con la firma del contrato en el gobierno de Humala.

El titular del MTC, Martín Vizcarra, dijo ayer martes en RPP que el contrato era un beneficioso para el estado peruano porque ahora se evitaba pagar US$ 590 millones en intereses.

Asimismo, representantes del consorcio Kuntur Wasi dijeron que ellos no han buscado sorprender al estado, pero éste asumirá el costo. Negaron cualquier riesgo crediticio.

Ante esta situación, un informe del grupo Propuesta Ciudadana señaló que el argumento del ahorro proveniente del gobierno de PPK es carente de sustento, ya que “dicho costo es ficticio y el Estado no tendría por qué aceptarlo al ser producto de la mala calificación de la empresa en el mercado, no de las condiciones del mercado”, dijo.

“La decisión del gobierno de “salvar el proyecto” asumiendo el costo de la construcción del Aeropuerto, es una decisión política que atiende los reclamos que vienen desde Cusco, pero aparece como groseramente concesiva con la empresa concesionaria”, indica en un informe.

Esto debido a que Andino Investment Holding (AIH), que posee el 50% de acciones en el consorcio Kuntur Wasi, no goza de una calificación crediticia óptima. La clasificadora Fitch Ratings califica la deuda de AIH con ‘B-’ que corresponde a una calificación “altamente especulativa”.

Según datos de Bloomberg, el margen ebitda de AIH pasó de 23.8% en diciembre del 2015 a 14.9% en setiembre del 2016 y viene en caída desde diciembre del 2013.

“En el proyecto del Aeropuerto de Chinchero, los dos criterios centrales para la implementación de las APP (la asignación de riesgos y el valor por dinero) están en cuestión”, señala Propuesta Ciudadana.

“En el primer caso, si es el Estado el que pone el dinero y no el privado, ya no es una APP, entonces, ¿por qué habría que permitirle administrar el aeropuerto por 40 años? Una APP produce valor por dinero para el Estado cuando el privado asume el riesgo financiero y entrega la obra a menor costo y eficientemente ejecutada”, señala.


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