La presentación en Paracas de Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, coincidió con la promulgación en El Peruano de una norma que modifica la Ley de Organizaciones Políticas. El texto tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales y la parlamentaria fujimorista tomó tal noticia con notorio entusiasmo, durante su intervención ante los empresarios asistentes a la CADE 2017.

No pasaron ni veinte minutos y Allan Wagner, quien formaba parte de la misma mesa como panelista, saludó los avances y al mismo tiempo lamentó el retroceso que significa la citada norma, pues en las próximas elecciones los ciudadanos y los organismos electorales ya no podrán fiscalizar de manera eficiente los gastos de las campañas.

“Eso es un retroceso que ojalá pudiera corregirse”, sentenció, preocupado, el presidente de la organización civil Transparencia.

Y es que el artículo 34.6 de la norma publicada precisa que los informes sobre aportes e ingresos de las campañas electorales serán entregados recién “en un plazo no mayor de quince días hábiles”, luego de concluirse un proceso electoral.

Con este cambio de las reglas de juego los partidos solo entregarán un informe financiero al final de los comicios y ya no informes parciales a mitad del proceso, lo cual impedirá a los organismos electorales y a la ciudadanía ejercer la necesaria vigilancia durante la campaña.

En el terreno de los hechos, por ejemplo, Fuerza Popular ya no entregará los informes parciales que, en la campaña del 2016, ayudaron a dar seguimiento al caso de los llamados “cocteles” y al financiamiento sospechoso proveniente desde EE.UU., a través de la corporación LVF Liberty Institute.

Además, Wanger observó que la multa a los candidatos que incurran en recepción de financiamiento es insuficiente. En su opinión, debió mantenerse la expulsión.

Letona también habló ayer de la democracia interna de los partidos. Dijo que habrá participación en esta etapa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero lo que evitó declarar ante los empresarios es que dicha intervención será solo opcional.

Esto debido a que el dictamen aprobado sin consenso y únicamente por Fuerza Popular y el Apra, a inicios de octubre, establece que la participación de los organismos electorales será solo “si así lo requiere la organización política”.

En su momento, los expertos Fernando Tuesta y Percy Medina, de IDEA Internacional, cuestionaron que no haya participación obligatoria de los organismos electorales. Las organizaciones electorales seguirán eligiendo a sus candidatos sin garantías de una verdadera democracia interna.

LAS PROHIBICIONES

Un avance importante en la reforma electoral, según reconoció Wagner, es la regulación para impedir la postulación a cargos políticos de los condenados por delitos como corrupción, terrorismo o narcotráfico.

Además, consideró que los candidatos que reciban dinero ilícito deben ser excluidos del proceso electoral.

Úrsula Letona adelantó que el Congreso se allanará a la observación del Ejecutivo a la autógrafa. Si bien por un lado el Congreso acordó impedir la postulación de personas sentenciadas, al mismo tiempo dejó abierta una ventana para que sí puedan hacerlo los condenados que logren el beneficio del indulto. En buen cristiano, con un eventual indulto el reo Alberto Fujimori, este podría postular a un cargo político.

Letona aclaró que tal propuesta había sido incluida a sugerencia del legislador oficialista Alberto de Belaunde y reiteró que será descartada.❧

LA CLAVE

  • PUBLICIDAD. En diálogo con La República, Allan Wagner planteó revisar los gastos de los partidos en campañas publicitarias. Una opción, podría ser que los partidos estén impedidos de contratar avisos en la televisión y, en contraparte, se tendría que ampliar la franja electoral, como ocurre en Chile.

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