Escribe: David Pereda

“Estamos estudiando el caso”, dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando se le preguntó sobre una eventual liberación al ex dictador Alberto Fujimori. Horas después, el ex oficialista Roberto Vieira presentó un proyecto de ley a favor del ex mandatario condenado por delitos de lesa humanidad y por corrupción.

Antes, el vocero oficialista Carlos Bruce había soltado que “si de él dependiera, indultaría a Fujimori”. Aunque aseguró que era solo una opinión personal, el comentario de Kuczynski alimentó la suspicacia, más aún cuando Mercedes Aráoz expresó su apoyo.

“En el Perú tenemos que voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida. Nosotros estamos estudiando el caso, pero no se va a dar ninguna ley que se aplique a una sola persona. Tiene que ser una legislación general para todas las personas de ciertas condiciones”, señaló Kuczynski, temprano.

El premier Fernando Zavala dijo que el Ejecutivo “no dará ninguna ley para liberar a Fujimori”. Aclaró también que el presidente no habló de indulto sino de una ley que puede proponer cualquier congresista de la República y harán la evaluación correspondiente.

Horas después, Vieira anunció su proyecto de ley para que condenados mayores de 75 cumplan su pena en su casa. “El Perú más unido que nunca. Mi Aporte”, puso en Twitter.

Según la iniciativa, puede lograr liberación condicional por edad, el preso que haya cumplido un tercio de la condena, sufra enfermedad o tenga salud “de pronóstico delicado” y acredite lugar de residencia y atención de familiares. No se aplicarían “normas que prohíban o limiten el otorgamiento de este beneficio por razón de delito, condena u otras circunstancias”. No se incluiría a presos por terrorismo, violación sexual y narcotráfico.

El proyecto tiene además las firmas de los oficialistas Salvador Heresi y Sergio Dávila, el fujimorista Marco Miyashiro y el apepista Edwin Donayre. Heresi es secretario general de Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido de gobierno.

El vocero fujimorista, Luis Galarreta, dijo que “son 20 años de odio visceral al fujimorismo” y que Kuczynski puede solucionar eso “con una sola firma”. Sobre el proyecto de Vieira, alegó que lo evaluaría.

Juan Sheput, portavoz alterno de PPK, dijo que “no puede haber leyes con nombre propio” y que una norma que saque a Fujimori debe cumplir tres condiciones: consenso político, enfermedad grave (de Fujimori) y participación de las víctimas.

Las víctimas rechazaron excarcelar a Fujimori. Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados en La Cantuta, lamentó que un presidente elegido también con voto de familiares de La Cantuta hable de voltear la página pensando solo en gobernar “de la mano con el fujimorismo y su delincuencial forma de hacer política”.

“Se olvida el presidente que también nos representa y que alcanzar justicia ha sido una larga lucha de los familiares en contra, muchas veces, del poder político de turno”, agregó.

Para Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “preocupan las declaraciones de Bruce y del presidente”. Además, invoca a “tener un vínculo empático con el conjunto de víctimas”.

El abogado Ronald Gamarra advierte que una norma para sacar a Fujimori puede luego ampliarse a otros delincuentes. “La violación de derechos humanos es tan grave como el terrorismo”, anotó.

Es un proyecto de ley con nombre propio

Carlos Rivera
Abogado de IDL

El proyecto presentado por el congresista Roberto Vieira responde a una lógica estrictamente política y no legal. Es más, es un proyecto ilegal e inconstitucional, ya que no se puede legislar con nombre propio, porque es evidente que se hace para Alberto Fujimori.

El proyecto inventa una nueva causal para otorgar el beneficio de liberación condicional a quien está condenado. Esa nueva causal es tener más de 75 años, como Fujimori, y sufrir alguna enfermedad, como Fujimori. Al beneficiado se le otorgará la posibilidad de completar la pena en su domicilio. Más fácil, imposible.

Además, no solo incorpora una causal que es resultado de la arbitrariedad del legislador, sino que distorsiona la naturaleza procesal de la prisión domiciliaria, dándole un carácter penitenciario, cuando no lo tiene y con ello crea un nuevo tipo de penas : aquellas que en delitos graves se cumplen en casa. Como en el pasado, se tuerce la ley para beneficio personal.


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