María Avalos Cisneros
mavalos@editoraperu.com.pe

Esta tarde deberán presentar sus descargos sobre las acusaciones imputadas por el caso de El Frontón. ¿Cuál será el eje jurídico de su defensa?

–En principio, considero que el informe aprobado por la subcomisión de acusaciones constitucionales no reúne los requisitos de procedencia exigidos por el Art. 89, c) del reglamento del Congreso. Los magistrados del TC gozan de inviolabilidad. Además, la conducta imputada no constituye infracción constitucional ni delito en el ejercicio de la función y tampoco existe un agravio a los denunciantes. Incluso, de acuerdo con la Constitución, los miembros del TC no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

–¿Este control es válido?

–El TC, al ser un órgano constituido, está sujeto a los controles naturales presentes en todo Estado Constitucional de Derecho; sin embargo, este no puede hacerse respecto a las resoluciones, que podemos emitir en el ejercicio de nuestra función constitucional.

–Se ha relievado que la decisión “de anular un fallo del 2013”, sobre los sucesos del penal El Frontón, representa la violación a uno de los principios fundamentales de la Constitución, como es la cosa juzgada, que incluso ustedes están llamados a defender. ¿Existe tal riesgo?

–La actual composición del Tribunal no ha anulado el fallo del 2013. Eso es totalmente alejado de la realidad.

–¿Qué sucedió?

–En este caso no se ha anulado ninguna sentencia expedida por la anterior composición del Tribunal; de hecho, eso se deja claramente establecido en el fundamento 8 del auto del 5 de abril del 2016, en que se expresa que no está ante un supuesto de nulidad de sentencia. Por tanto, al no haberse anulado la referida sentencia, no se puede hablar de un quebrantamiento de la cosa juzgada. Por el contrario, lo que hicimos fue preservar que la sentencia del 2013 se cumpla en sus verdaderos términos y, para ello, ha sido necesario subsanar de oficio un error material que advertimos en dicha sentencia.

–¿Esta decisión es una arbitrariedad total contra la verdad y el sentido de la ley?

–Rechazamos totalmente que la decisión asumida constituya una arbitrariedad que atente contra la ley, pues el Art. 121 del Código Procesal Constitucional nos faculta a subsanar de oficio todo error material en las resoluciones.

–Se dice que la posición del exmagistrado Juan Vergara Gotelli es la misma, no solo en el caso de Accomarca, sino en muchos otros en los que se discutió el delito de lesa humanidad. ¿Lo evaluaron?

–Sobre la posición de Vergara Gotelli, hay que hacer una precisión fundamental que no puede pasarse por alto. Él tenía la posición de que los delitos de lesa humanidad solo podían ser sancionados en el Perú desde el 2002, fecha en que el Tratado de Roma ingresa a nuestro ordenamiento legal. Así, sostenía que si un juez penal quería aplicar de forma retroactiva dicho tipo penal debía sustentar de forma adecuada y suficiente el motivo que lo llevaba a tomar dicha decisión.

–¿Puede ser verificado?

–Claro, leyendo no solo el voto de Vergara Gotelli en el caso Accomarca (STC Nº 00218-2009-PHC/TC), sino también en los votos dictados en el caso de la demanda de inconstitucionalidad contra el D. Leg. 1097 (STC Nº 0024-2010-PI/TC); en el caso Marcañapua Osorio (STC Nº 03693-2008-PHC/TC); en el caso Agustín Mantilla (STC Nº 01607-2012-PHC/TC). En ellos, jamás dijo que estaba de acuerdo con que el TC califique, como si fuese un juez penal, si en un caso concreto se estaba ante un crimen de lesa humanidad o no. Por tanto, solo se ha subsanado un error material en el conteo de los votos necesarios para resolver cierto aspecto del caso.

Descartan chantaje moral

–Se habla hasta de un supuesto chantaje moral contra la facultad del Congreso de pretender investigar las denuncias constitucionales contra cuatro magistrados del TC, al ser ustedes los únicos responsables de estos hechos. ¿Persisten en denunciar una supuesta amenaza a sus funciones?

–Como lo mencioné, soy consciente de la facultad constitucional del Congreso para investigar las infracciones constitucionales que pueda advertir. Sin embargo, no cabe hablar de un ejercicio legítimo de dicha facultad de control cuando se pretende emplearla como un medio para mellar la independencia del tribunal.

–¿No hubo infracción constitucional?

–Diría que hemos actuado, simplemente, como lo exige nuestra función de jueces constitucionales. Incluso se ha continuado con el trámite de esta acusación, pese a que actualmente existe un recurso de reposición pendiente de ser resuelto planteado por la defensa legal de los recurrentes en el proceso de habeas corpus. Es decir, el Congreso nos está investigando por un caso que materialmente aún no ha concluido en esta sede. Además por la disposición constitucional –Art. 139, Inc. 2-, corresponde que la Comisión Permanente declare improcedente la acusación constitucional presentada. No hacerlo vulneraría la Constitución, y también nuestro derecho de defensa.

La CIDH

Es oportuno precisar que no se ha demandado al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de los DD HH (CIDH).

Solo se dio cuenta de una situación preocupante, por una acusación que carece de fundamentos, y que podría eventualmente convertirse en una amenaza contra una institución democrática esencial para el Estado de derecho, como es el TC.

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