En los últimos días, a raíz de la crisis climática que azota a varias zonas del país, se observó acciones de personas que compraban algunos productos -como el agua envasada- para venderlos luego mucho más caro.

Ante ello la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley para sancionar penalmente a las personas o empresas que realicen acciones de acaparamiento y/o especulación en la venta de productos o servicios en zonas declaradas en emergencia por desastres naturales.

Para conocer el proyecto a detalle puede hacer click en este enlace.

Pero ¿es conveniente una norma de este tipo?

Para el economista Carlos Parodi sería un error aprobar este proyecto de ley que sanciona la especulación, entendida como la venta de un producto o servicio a un precio muy por encima de su promedio reciente.

“Nadie puede conocer cuándo un precio responde a especulación y cuándo no. Los precios los debe poner el libre mercado. Una norma de este tipo llevaría a que un funcionario fije cuándo se considera especulación”, refirió Parodi, quien también es Jefe del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico.

Parodi sostiene que la mejor forma de regulación es a través de las conductas de los compradores. “Estos pueden comprar otros productos”, anotó.

En el caso de la venta de botellas de agua envasada, refiere que sus precios subieron temporalmente por la alta demanda. “Esto es normal en una economía de libre mercado”.

Por el contrario, Parodi advierte que una medida de este tipo puede generar escasez del producto regulado.

“Se se interfiere al libre mercado, la empresa por temor a la infracción dejaría de producir. O si el costo es mayor, por un tema de falta de transporte en el caso de un desastre y la empresa no puede poner un mayor precio, entonces no va a producir y al final nos vamos a quedar sin nada”, anotó.

Por su parte el abogado Omar Alvarado, especialista en competencia y regulación del Estudio Miranda & Amado, coincide con Parodi e indica que fijar una medida que controle los precios generaría mayores problemas a los consumidores.

“Existe evidencia de casos en otros países donde esta medida generó escasez”, subraya.

Refirió que por ejemplo, si ante un desastre un productor eleva sus costos debido a problemas en las vías de transporte, ello debería trasladarse al precio. Si ello queda penado entonces la empresa optaría por frenar su producción.

Alvarado agrega que incluso, según como está redactado el proyecto de ley de la Defensoría, se penalizaría la especulación de precios no solo en situaciones de desastres naturales sino en cualquier momento.

En el caso del acaparamiento, entendido como la compra masiva de un producto o servicio con el objetivo de luego revenderlo a un mayor precio, existe cierta discrepancia entre los analistas consultados.

Un ejemplo de acaparamiento fue la compra que realizaron algunas personas de varias botellas de agua envasada con el objetivo de luego revenderlas afuera de los supermercados.

Parodi refiere que esta conducta sí podría ser sancionada, pero requeriría de un reglamento que defina claramente la cantidad de compra de un producto de primera necesidad que pueda ser considerada acaparamiento en caso de desastres.

No obstante, para Alvarado el acaparamiento tampoco se debería regular pues también sería una forma de controlar precios.

Reforzar al Indecopi
Alvarado refiere que una forma de luchar por los derechos del consumidor sería reforzando los recursos y acciones del Indecopi.

Por ejemplo, en el derecho de endosar los pasajes aéreos sin penalidades, lo cual muchas veces no se cumple. O controlar que los precios rotulados en un producto sean los efectivamente facturados.

Y también se debe profundizar la eliminación de barreras que permitan la llegada de más empresas en un sector. La mayor competencia puede ayudar a reducir los precios.

“Todo ello se puede dar con un mayor presupuesto del Indecopi, para reforzar todas estas acciones complementarias a favor de los consumidores, sin llegar a un control de precios”, anotó.


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